n el contexto de la Cuarta Transformación (4T) es mucho más visible cómo las reglas generales de la política macroeconómica funcionan contra el crecimiento económico y contra, por tanto, la posibilidad de una redistribución del ingreso que empiece a mitigar la pobreza y la extrema desigualdad que vive México.

Después de la crisis de 2007/2008 múltiples países, en primer lugar Estados Unidos, variaron el marco de actuación de la política macroeconómica. Sin abandonar la meta de la estabilidad de precios, agregaron instrumentos que impulsaron el crecimiento del empleo y de la economía en general, con un grado de intensidad sin precedente.

Nuestro vecino del norte amplió la inversión pública (relajando la política fiscal), especialmente en infraestructura y, en congruencia, redujo las tasas de interés drásticamente, hasta niveles cercanos a cero (aún haciéndolas negativas). Lo hizo primordialmente con la llamada expansión cuantitativa ( quantitative easing), una política dirigida a reforzar las reservas del sistema bancario, generalmente mediante la compra de bonos del gobierno central para aumentar sus precios y así reducir las tasas de interés a largo plazo. Esas medidas indujeron el incremento de la inversión privada; así la economía salió pronto de la profunda recesión de los años señalados y, por tanto, el crecimiento del empleo y del producto se han mantenido por largos años. Europa grosso modo hizo lo mismo, aunque como es una unión monetaria, pero no una unión fiscal, ha tenido problemas severos de coordinación que hicieron menos exitosos los programas de estímulos, sobre todo muy desiguales entre las naciones que participan en la economía del euro.

México vivió la misma crisis de aquellos años, pero no nos sirvió de lección: continuó casi con el mismo patrón de política macroeconómica, generando ahora superávit fiscales primarios y dejando al Banco de México con la misma y única flaca función de controlar los precios. Lo que más importa, el crecimiento y el empleo, no entran en su consideración. Más aún, su política monetaria es ultraconservadora: sus decisiones sobre la tasa de interés objetivo se basan en consideraciones de riesgo sin bases informativas serias, contribuyendo de manera decisiva a mantener estancada la inversión privada y, por tanto, el crecimiento y el empleo reptan.

La inflación en México pasó, en acelerada tendencia, de 2.13 por ciento en diciembre 2015, a 6.77 en diciembre de 2017, en tasas anualizadas. Desde entonces el índice de precios al consumidor ha caído, en tendencia continua, hasta 3.95 en junio de 2019. No obstante, en clara colisión con la ortodoxia, Banxico ha mantenido la tendencia de la tasa de interés objetivo en niveles crecientes o mantenida en altos rangos: pasó de 3.25 por ciento el 17/12/15 a 8.25 por ciento el 19/7/19 (en este nivel ha permanecido largo tiempo).

Esa tasa base se ha convertido en un obstáculo al crecimiento de la inversión en las medianas y pequeñas empresas, creadoras del mayor volumen de empleo; de ese modo se impide también el crecimiento del producto y del ingreso nacional. A este sector de empresas le urge una capitalización tendente a aumentar su productividad, lo que exige reducir las tasas de interés, y revivir la política industrial destruida por los gobiernos neoliberales.

El diferencial actual de la tasa de interés objetivo con la correspondiente de Estados Unidos, es de seis puntos porcentuales. Es inexplicable que Banxico no pueda iniciar cautelosamente una ruta de disminución de su tasa; no es creíble que sea necesario tal enorme distancia entre las tasas de interés de nuestro vecino y de México. La mexicana equivale prácticamente al triple de la estadunidense.

El mandato instituido para Banxico debe ser ampliado, como lo han hecho desde hace una década muchas economías del mundo, para incluir entre sus funciones el impulso al crecimiento de la economía y del empleo, y el Congreso debiera darle seguimiento al cumplimiento de los objetivos ampliados para la banca central mexicana.

Adicionalmente, debe ser instituida una nueva regulación para el conjunto de la banca. Desde el punto de vista nacional, ningún mercado funciona peor que el sector financiero. La banca mexicana vive cómodamente otorgando créditos al consumo (tarjetas de crédito) y a la construcción inmobiliaria (hipotecas), con tasas de interés abusivas y cobrando comisiones altísimas, y prestando a lo seguro al gobierno.

Contra toda racionalidad, los bancos obtienen altísimas ganancias, con una economía en picada. Esa tendencia significa que los aumentos del valor anual del producto terminan, en gran medida, en los bancos en forma de altas ganancias; en tanto, éstos no sirven como instrumentos para la creación de empleos y el aumento del ingreso nacional: el peor de los mundos posibles.

La 4T debe anotar esa muy grave anomalía de la economía mexicana. El sector financiero, es evidente, funciona en sentido contrario a los propósitos de justicia social que elevaron a Morena al gobierno.