Agentes de la Policía Federal (PF) violaron derechos humanos de 23 personas, 10 de ellas menores de edad, a quienes detuvieron de manera arbitraria, las retuvieron ilegalmente y torturaron tras diversos operativos realizados el 24 de julio de 2015 en Macuspana, Tabasco.

Aunado a eso, servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del estado impidieron el acceso a la justicia a una de las víctimas.

Por eso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 39/2019 por estos abusos, dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, y al titular de la Fiscalía estatal, Jaime Humberto Lastra.

Al indagar los hechos ocurridos en el sexenio pasado, la CNDH acreditó que los agentes de la PF cometieron violaciones a los derechos humanos, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad y seguridad personal de 23 personas, a la integridad personal por tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y actos de tortura contra nueve de ellas, y contra el interés superior de la niñez en agravio de 10 menores de edad, en tanto que personal de la fiscalía estatal violó el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración contra uno de los agraviados y sus familiares.

El 24 de julio de ese año, en distintas acciones, los agentes federales ingresaron en forma ilegal y violenta a siete domicilios ubicados en la ranchería Lázaro Cárdenas, el ejido El Venadito y ranchería Bitzal, en el municipio de Macuspana. Causaron destrozos, derrumbaron puertas y ventanas y catearon ilegalmente las viviendas; sin explicación golpearon y detuvieron a adultos y menores de edad, a quienes maltrataron.

En relación con el derecho de acceso a la justicia, se advirtió que durante la investigación que se abrió por la denuncia de una de las víctimas contra agentes de la PF, personal de la fiscalía estatal no efectuó oportunamente las diligencias necesarias o idóneas para la investigación del delito.

Por estos hechos se inició un proceso federal contra cinco de los agraviados, a quienes se les señala por la presunta comisión de diversos delitos. Ante eso, la CNDH indicó que es respetuosa de las actuaciones realizadas por la autoridad judicial federal de los señalados y sólo se refiere a las violaciones a garantías fundamentales.