i se atienden las recientes acciones legales de la autoridad medioambiental, se infiere que bien podría ser el principio del fin del tóxico empresario Germán Larrea y su Grupo México, quienes hasta ahora impunemente han regado veneno a lo largo y ancho de esta República concesionada a los barones de la minería, tras obtener del gobierno federal autorizaciones que amparan, para su explotación, millones de hectáreas de territorio nacional.

En días pasados el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, documentó cuando menos 22 accidentes ecológicos (léase regadero de tóxicos) en los últimos años, cuyas letales consecuencias el gobierno federal en turno no sólo dejó pasar –en detrimento de las zonas y comunidades afectadas–, sino que garantizó impunidad absoluta para Larrea y su pandilla. Esto es inadmisible, dijo el funcionario, y anunció que actuará en consecuencia.

Pues bien, el más reciente accidente ecológico de Larrea y su Grupo México se registró el pasado 9 de julio, cuando una de sus subsidiarias (Metalúrgica de Cobre) derramó 3 mil litros de ácido sulfúrico en aguas del Mar de Cortés (bahía de Guaymas) y, en cuestión de minutos, aseguró que todo está bajo control y resuelto. La alegre versión del consorcio es que el flujo del tóxico sólo duró cuatro minutos y no hubo daños a flora y fauna.

Además, el consorcio impidió el paso a autoridades municipales y estatales que se presentaron en el área para supervisar y diagnosticar los daños. Y se retiraron sin chistar, y en este sentido, por comisión u omisión, la complicidad de las presuntas autoridades tiene peso específico: “funcionarios de Protección Civil y Ecología del ayuntamiento de Guaymas comparecieron ante el cabildo, donde afirmaron que tras el derrame intentaron hacer una supervisión de afectaciones, pero no se les permitió el paso a las instalaciones de la Administración Portuaria Integral, donde se vertió la sustancia tóxica… Luis René Puig Arvizu, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, aseguró que la fuga no causó ningún daño; incluso, sostuvo que 3 mil litros de ácido no son nada para el volumen de agua en el mar; no hay un riesgo, no hay un daño, son casi nada: 3 mil litros de ácido” ( La Jornada, Cristina Gómez Lima). Y se quedó tan tranquilo.

Entonces, como son casi nada, el pasado sábado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), tras dos inspecciones (10 y 16 de julio) a la Unidad Terminal Marítima de Guaymas –operada por Mexicana de Cobre– clausuró temporalmente las instalaciones, resultado del citado derrame de ácido sulfúrico, al tiempo que constató que dicha empresa no cuenta con autorización de impacto ambiental.

La Profepa detalló que también se hizo un recorrido por mar y realizaron levantamiento de campo y muestras para analizar, con el fin de identificar los posibles impactos que pueden generarse tanto en el ecosistema terrestre como en el marino donde se desarrollan las obras y actividades de esta empresa en su terminal marítima y la zona de influencia, y constató que no cuenta con autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y así opera, sin más, durante décadas.

¿Quién lo permitió? Porque no es por arte de magia. Hay responsables y éstos deben ser sancionados.

Las rebanadas del pastel

¿Qué sería de la fortuna del tóxico Larrea (13 mil 300 millones de dólares en 2019, según Forbes) sin los bienes de la nación? De entrada, habría que restarle Minera Cananea (hoy Buenavista del Cobre, que es la joya de su corona) y demás empresas prácticamente regaladas por Salinas de Gortari, las voluminosas concesiones mineras federales, la entrega (cortesía de Zedillo) de los ex Ferrocarriles Nacionales de México, los jugosos contratos petroleros, de energía eléctrica y de construcción de obra pública, las concesiones carreteras y mucho más en donde el cliente cautivo es el erario. ¿Qué le quedaría? Cinemex, sus tejes y manejes en el Hipódromo de Las Américas y otras menudencias.

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