Pese a no contar con facultades, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Comisión Permanente del Congreso local aprobaron la remoción de Javier González Garza como titular de la Oficialía Mayor y de Judith Vázquez Arreola como responsable de la Unidad de Transparencia.

En entrevista, el abogado constitucionalista Francisco Burgoa explicó que ni la Jucopo, a cargo del morenista Ricardo Ruiz, ni la Permanente tienen facultades para ratificar ni remover a los titulares de las unidades administrativas.

En su opinión, el procedimiento correcto hubiera sido que en un periodo extraordinario la junta hubiera promovido un punto de acuerdo para la destitución de ambos funcionarios, con el fin de que los legisladores aprobaran el acuerdo por mayoría calificada.

Dado que ni la Constitución, ni la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México ni su reglamento establecen un procedimiento específico para la remoción de esos dos servidores públicos, entonces se debe seguir el procedimiento por el que fueron designados, es decir: acuerdo de la Jucopo y ratificación por mayoría calificada del pleno.

El artículo 93 de la Ley Orgánica del Congreso capitalino establece que los nombramientos de los titulares de las unidades administrativas, como la Oficialía Mayor y la Unidad de Transparencia serán propuestos por la Jucopo y ratificados por la mayoría calificada del pleno, que es el máximo órgano de dirección del Congreso.

Sin embargo, el miércoles pasado el diputado de Morena José Luis Rodríguez Díaz de León pidió inscribir en el órden del día el acuerdo de la Jucopo sobre la remoción de ambos funcionarios durante la sesión de la Comisión Permanente.

El constitucionalista advirtió que estas acciones pueden derivar en que ambos ex servidores públicos interpongan amparos, pues su nombramiento y remoción deben ser por la misma vía.

En ese sentido, comentó que el Congreso local debe tener preparados sus argumentos y explicar en qué consiste la pérdida de confianza, que fue la justificación por la que la Jucopo acordó la remoción de González Garza y Vázquez Arreola.

Por su parte, los dos ex funcionarios acusaron que su destitución es injustificada y anunciaron que interpondrán amparos por considerarla violatoria a sus derechos humanos. En el caso de Judith Vázquez, su demanda fue tramitada el jueves pasado, mientras la de Javier González continuaba en integración.

Juicio político, otro medio

El artículo 65 de la Constitución de la Ciudad de México establece que todo servidor público que haya sido nombrado o ratificado por el Congreso será sujeto a juicio político por violaciones graves a la Constitución y a las leyes que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos públicos de la Ciudad de México.

Al respecto, el abogado explicó que es otra vía para la remoción de los titulares de las unidades administrativas, ya que se trata de funcionarios nombrados por el pleno.

En caso de optar por esta vía, el abogado explicó que la argumentación de la Jucopo de la pérdida de confianza no es válida para iniciar un juicio político, ya que se deben establecer situaciones muy concretas de violación a la ley.