os accesos a la Cámara de Diputados fueron obstruidos ayer por diversas organizaciones campesinas que se movilizaron para protestar contra la desaparición de programas sectoriales de apoyo al campo y el subejercicio del gasto público destinado al ámbito rural. Los manifestantes también exigieron que se reanuden los operativos para impedir la tala ilegal en el municipio de Ocuilán, estado de México, entre otras demandas.

La movilización campesina en San Lázaro aglutinó a heterogéneas expresiones de descontento que en semanas anteriores habían alzado la voz en varias regiones del país.

Algunas de estas expresiones poseen una legitimidad incuestionable y deben ser atendidas a la brevedad posible, como sin duda es el caso de los habitantes de la zona limítrofe entre los estados de México y Morelos que piden poner freno a los grupos de talamontes ilegales.

En lo que respecta al subejercicio presupuestal, es necesario que las autoridades competentes aclaren si éste existe y, de ser así, cuáles son las causas de que no se hayan empleado todos los recursos disponibles para apoyar a los productores agrícolas.

El último de los reclamos mencionados, tocante a la sustitución de programas sectoriales por políticas generales centralizadas, posee aspectos complejos y un telón de fondo que es necesario mirar con detenimiento.

Por un lado, debe recordarse que el gobierno federal planteó este remplazo y la consecuente entrega directa de apoyos a cada campesino como parte de la estrategia global de combate a la corrupción, y en este sentido resulta loable el esfuerzo por acabar con la intermediación de caciques y liderazgos espurios que por décadas se constituyeron en poderes fácticos no pocas veces violentos mediante la captura y el manejo discrecional del dinero público.

Por otro lado, no puede pasarse por alto que la economía campesina requiere de organizaciones para gestionar satisfactores a sus necesidades como el acceso al crédito, la asistencia técnica, la irrigación o la distribución, y que en su conjunto el mundo rural tiende a funcionar a través de dinámicas colectivas, no individuales.

En atención a esta realidad, la lucha contra las malas prácticas que han plagado al agro tendría que diseñarse de tal manera que se distinga con claridad a los liderazgos espurios de los que no lo son, pues no puede negarse que frente a los intereses caciquiles existen dirigencias y organizaciones legítimas, cuya presencia es fundamental para el desarrollo agrario que urge a la nación.

En suma, habrán de buscarse las fórmulas acertadas para que esos programas trabajen en armonía con los tejidos sociales auténticos y las formas de representación que realmente ayudan a los labriegos mexicanos.