Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado algunas acciones positivas en lo que va de su administración, también hay señales preocupantes sobre su forma de gobierno, entre ellas las designaciones arbitrarias y no fundamentadas de diversos funcionarios y una actitud de confrontación con los sectores que manifiestan dudas sobre sus planes.

Participantes en el foro Estado de derecho en México: retos y oportunidades en el tiempo de AMLO, organizado este miércoles por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y la Fundación para el Debido Proceso (FDP), lamentaron que la actual administración ha ignorado muchas de sus promesas de tomar en cuenta los puntos de vista de la sociedad civil.

Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, afirmó que el gobierno de López Obrador arrancó con algunas acciones positivas, como un mayor impulso a la investigación de casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa o la llamada estafa maestra, pero ha dejado de lado otros abusos y no ha cultivado una relación cercana con las víctimas.

De igual forma, ha utilizado el poder que tiene el titular del Ejecutivo para realizar nombramientos de funcionarios –de forma directa o indirecta– sin argumentar su idoneidad, como lo demuestran los casos de la Fiscalía General de la República e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al respecto, Úrsula Indacochea, integrante de la FDP, alertó que López Obrador hace uso de la prerrogativa histórica de los presidentes para designar funcionarios a través de listas cortas, sin necesidad de explicar cuáles fueron sus criterios ni justificar sus decisiones. El resultado, lamentó, es que incluso puede poner a sus amigos sin que haya contrapesos reales para tales nombramientos.