Un juez de control impuso prisión preventiva justificada a Berenice Guerrero Hernández, José Iván Morales Palafox y Gabriel Rincón Hernández, ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas, por el delito de uso indebido de atribuciones cometido por servidores públicos, al desviar 190 millones 24 mil 307 pesos hacia una empresa fantasma.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) sigue varias líneas de investigación en su contra, que podrían derivar en tres nuevas carpetas por la comisión de otros ilícitos, tras una investigación realizada por la Secretaría de la Contraloría General.

Hace un año, esta dependencia concluyó una indagatoria sobre contratos y adjudicaciones directas que la Secretaría de Finanzas hizo a empresas para recuperar el impuesto sobre la renta que se retiene a empleados de la administración pública capitalina.

Dichas compañías reportaron ganancias por 9 mil millones de pesos anuales y detectó que una no existía, por lo que consideró que su contratación no era necesaria ni procedente, lo cual comunicó a los 20 integrantes de la junta de la Dirección General de Administración.

Con base en los resultados de la investigación, en la junta se avalaron contratos y pagos y se incurrió en diversas irregularidades, lo que derivó en la detención, el pasado lunes, de Guerrero Hernández, quien era subsecretaria de Planeación Financiera.

Las pesquisas, sin embargo, continúan en las direcciones de Administración, de Recursos Materiales y en la Unidad de Inteligencia Financiera y de Recursos Financieros, así como en las subsecretarías de Egresos y Fiscal de la Secretaría de Finanzas.

La Contraloría General descubrió que el 26 de julio de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público depositó a la dependencia local poco más de 3 mil millones de pesos, cinco meses antes de que se autorizara la contratación de una empresa para reclamar el impuesto sobre la renta.

Otro depósito por 2 mil millones de pesos realizó la instancia federal entre marzo y abril del año pasado, antes de que se adjudicaran los contratos, y que el gobierno capitalino iba a reclamar.

Ganaba bien poquito

Durante la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, los tres ex servidores de Finanzas, asesorados por su defensa, solicitaron la duplicidad del término constitucional para que les sea definida su situación jurídica, lo cual sucederá el próximo viernes.

Uno de los imputados admitió haber participado en la transferencia de esos recursos desde la cuenta bancaria de Finanzas hacia la de una empresa que no estaba registrada en su padrón de proveedores, sin antecedentes con la administración pública y sin haber proveído ninguna obra o servicio.

Su argumento fue que ganaba bien poquito, por lo que el juez de control les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Los dos hombres fueron ingresados en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y la mujer al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.