¿Golpe de Estado en BC?
o que pasó en Baja California tiene un solo nombre en la teoría política. Se llama: golpe de Estado.
La palabra recuerda, desde luego, el accionar militar que se dio, sobre todo en los años setentas del siglo pasado, pero para quienes han estudiado el fenómeno, se trata de un acto que efectúa el soberano para reforzar su propio poder. También se dice que es una violación reiterada de las formas constitucionales por un gobierno, una asamblea o un grupo de personas que detentan la autoridad.
El ejemplo que se usa para dar certeza a la teoría lo encuentran en Luis Bonaparte, quien en 1851 dio golpe a la segunda República, de la que él era presidente, para proclamarse emperador. En todos los casos que mencionan, por ejemplo en el Diccionario de Política de Bobbio y Matteucci, el eje del golpe de Estado se halla siempre en quienes detentan el poder político.
En Baja California no era necesario que Jaime Bonilla ocupara el cargo de gobernador para que pudiera ejercer el poder que ha ido construyendo no sólo en México, sino en Estados Unidos, donde sirvió, bajo juramento de defender sus leyes (las de EU), como funcionario público.
Podríamos decir entonces que Bonilla es un buen ejemplar que alimentó el neoliberalismo y que ha trazado un plan, apoyado aparentemente por su fuerza económica para burlar la ley mexicana, pero sobre todo para ignorar la voluntad de la gente que lo eligió gobernador, como usted sabe, por dos años; sólo por un par de años.
Ese periodo no le era suficiente al gobernador electo para concluir, tal vez, sus planes de incrementar su fortuna –no hay que olvidar que es empresario–; es decir, fortalecer sus inversiones al amparo del poder político que en dos años no le rendiría los réditos que muy probablemente espera.
Se trata de algo más allá de esos intereses económicos: es la ambición del poder por el poder mismo, que convenció, a quien tenía que convencer, para torcer la ley, desde la entraña de la misma ley. Sí, un periodo tan corto como el de dos años no serviría para afianzar el poder de Morena, que enfrenta a la muy enraizada tradición conservadora en Baja California.
Los argumentos de Bonilla hicieron que en Morena, pese a la historia, pese a la ley, pese a las expectativas y la esperanza de la gente para que se respete su voluntad, advirtieran que dos años era un lapso muy breve para realizar la obra que diera a la gente del estado la razón del voto por ese instituto político.
Baja California no puede ponerse en peligro, aseguran en Morena, porque están decididos a impedir que los azules de la derecha electoral retomen el control de aquel estado fronterizo, donde todos aseguran ha fracasado Acción Nacional.
De cualquier forma, las advertencias de Bonilla deberían ser un canto de sirenas para Morena, para la misma Presidencia de la República, sobre todo cuando se habla de torcer la ley, de fabricar cochinos, de aceptar un golpe de Estado. Aguas.
De pasadita
Miguel Ángel Vásquez, aquel subsecretario de Capital Humano de la Secretaría de Finanzas del gobierno de la ciudad que después aupó hasta la jefatura de oficina del gobierno de la ciudad, donde cobró poder respaldado por el sindicato liderado, entonces, por el ex presidente del organismo, Juan Ayala.
Este sujeto, metido en aquel lío de la llamada nómina ocho
donde se contrataba gente sin darle base
, ha de sentir que el suelo se le mueve, y no porque la tierra ande alocada, sino porque resulta que su pareja sentimental, una mujer de nombre Berenice Guerrero Hernández, subsecretaria de Planeación Financiera, en la Secretaría de Finanzas, fue quien firmó la orden para la transferencia de más de una veintena de millones de pesos a una empresa que no existe.
Junto con ella van otros dos ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas, quienes, si todo se apega a la ley, serán los tres primeros servidores públicos acusados de corrupción, delito que amerita prisión preventiva oficiosa. Lo interesante de ese asunto es que cuando se inicia, ya no hay retorno. El sindicato, los bomberos y ahora esto. ¿Ya se abrió la caja de Pandora?
