a experiencia de ostentar el poder gubernamental durante siete meses no ha moderado a Andrés Manuel López Obrador, sino que lo ha radicalizado.
Este proceso no tiene retorno. Ni un paso atrás
, proclamó López Obrador el pasado 1º de julio en la celebración del aniversario de su triunfo. “Nada de titubeos o medias tintas. Una cosa es actuar con prudencia, evitar la confrontación y garantizar las libertades que son sagradas, y otra cosa muy distinta es la indefinición… En la defensa de las causas de la honestidad, la justicia y la democracia no somos moderados, somos radicales. En estos tiempos, como decía Melchor Ocampo, el moderado es simplemente un conservador más despierto. Seamos cada vez más fieles a los anhelos y a las esperanzas que tiene el pueblo de México en un cambio verdadero.”
Quienes no le aguantan el paso al Presidente han ido renunciando uno por uno. Carlos Urzúa, Josefa González-Blanco, Germán Martínez y Carlos Lomelí son cuatro caras de la misma moneda. Cuando se subieron de última hora al barco de la Cuarta Transformación imaginaban que tarde o temprano López Obrador entraría en razón
y se acomodaría a las viejas formas de hacer la política. Al darse cuenta de que ello jamás ocurrirá, abandonaron la nave tan sorpresivamente como se habían subido.
Urzúa ha revelado que no estaba de acuerdo con casi ninguno de los proyectos clave de la presente administración. Señala en su entrevista en Proceso que estaba en favor de continuar tanto con las obras corruptas del aeropuerto en Texcoco como con los contratos leoninos y saqueadores de Ienova/Sempra con la Comisión Federal de Electricidad. También se lanza contra el proyecto de la refinería en Dos Bocas y descalifica la austeridad republicana, uno de los ejes principales de la nueva administración pública de López Obrador.
El enfoque del ex secretario de Hacienda efectivamente se parece mucho al de José Antonio Meade y a Agustín Carstens. Llama particularmente la atención la extraña defensa de Urzúa de la empresa energética Ienova/Sempra, hoy dirigida por Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes con Ernesto Zedillo, y que cuenta con el ex embajador de Estados Unidos en México Jeffrey Davidow en su consejo de administración. En su exaltada apología por los intereses y los contratos de la empresa, contra los valientes esfuerzos de Manuel Bartlett por recuperar la soberanía energética del país, Urzúa incluso comete el desliz de proporcionar información falsa a Proceso. Señala que México debería dejar intacto los contratos con Sempra Energy porque Nancy Pelosi formaría parte de su consejo de administración, dato que no corresponde con el sitio web de la empresa (véase:https://bit.ly/32sMbjd).
Un asunto que no menciona Urzúa, pero que evidentemente también pesó en su decisión de renunciar, fue la aprobación apenas unos días antes de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que incluye una prohibición por 10 años de ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información en el ejercicio de su cargo público
. Al concretar su separación antes de la entrada en vigor de esta ley, Urzúa tendrá que esperar solamente un año antes de poder vender el conocimiento acumulado en el gobierno de López Obrador a cualquier empresa nacional o trasnacional.
Ahora bien, el caso de Carlos Lomelí, ex delegado del gobierno federal en Jalisco, es también de gran relevancia. De manera similar a Urzúa, Lomelí tampoco creyó que López Obrador iba a cumplir con su palabra con respecto al establecimiento de una separación radical entre las esferas pública y privada. Lomelí imaginaba que iba a poder fungir como servidor público de la Cuarta Transformación y también seguir haciendo negocios con el Estado por medio de la triangulación de fondos y empresas propiedad de amigos, socios y familiares. Pero en el camino se topó con la implacable labor de la doctora Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, cuyas contundentes investigaciones, respaldadas de manera absoluta y sin ambajes por el Presidente de la República, le dejaron con una sola opción, la renuncia.
Otros políticos sorprendidos con la radicalidad de López Obrador son Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas. La detención la semana pasada del abogado estrella de ambos, Juan Collado, desmiente todos los inventos sobre la supuesta existencia de un pacto de impunidad
entre López Obrador y la vieja mafia del poder. Tal como ha señalado el Presidente, la Fiscalía General de la República hoy cuenta con plena autonomía para investigar delitos y llevar los responsables al juicio, caiga quien caiga.
Las renuncias recientes no son entonces señales de la debilidad, sino de la fortaleza de la Cuarta Transformación y el férreo compromiso de López Obrador de aprovechar su paso por Palacio Nacional para dejar una enorme huella histórica que jamás podrá ser borrada.
