Monterrey, NL., Integrantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y ecologistas de Nuevo León, entre ellas Comité Ecológico Pro Bienestar, No a Monterrey VI y Vertebra, así como investigadores y académicos universitarios, esperan que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Víctor Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cancelen la construcción de la presa Libertad, en el río Cabezones, pues aseguran que afectará a miles de campesinos y ganaderos.

Planeado unos 100 kilómetros al suroeste de la zona metropolitana de Monterrey, en los límites entre los municipios de Linares y Montemorelos, el proyecto es objeto de polémica no sólo en Nuevo León, sino también en decenas de localidades del poniente de Tamaulipas, por donde cruza el río Cabezones, que a lo largo de su recorrido toma los nombres de Conchos y San Fernando.

Ha trascendido que el mandatario tamaulipeco, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, se ha comprometido con habitantes que resultarían perjudicados con el embalse a pedir a las autoridades federales que paren el proyecto.

ONG, ecologistas y expertos critican al gobierno de Nuevo León, encabezado por Jaime Rodríguez Calderón, porque no ha dado a conocer el proyecto ejecutivo de la presa Libertad.

No se han hecho públicos datos básicos, como la altura y la longitud de la cortina; tampoco la dimensión del terreno que sería inundado. Se desconoce además la manifestación de impacto ambiental que debería haber autorizado la Semarnat.

Valle de Bravo y Disneylandia

El activista Raúl Rubio Cano expuso que esta obra surgió a partir de “un sueño guajiro de inversionistas regiomontanos: construir aquí un nuevo Valle de Bravo, que incluye un desarrollo turístico e inmobiliario tipo Disneylandia.

No es como el gobernador Jaime Rodríguez Calderón ha dicho. Le ha mentido al presidente Andrés Manuel López Obrador al decirle que la presa Libertad es para resolver una crisis hídrica, que es inexistente, sostuvo.

El pasado 25 de junio, el Congreso local autorizó a El Bronco contratar con la banca comercial, por conducto del Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), un empréstito hasta de 2 mil 500 millones de pesos para el proyecto.

La presa Libertad forma parte del Plan Hídrico 2030, hecho por el gobierno estatal a partir de un estudio elaborado por el Consejo de Desarrollo del Agua de Texas y proyecciones de la demanda de agua potable por el crecimiento poblacional en los nueve municipios de la zona metropolitana de Monterrey y otros ocho ayuntamientos en los próximos 10 años.

Sin conocer el proyecto ejecutivo –según los opositores –, durante su primera visita a Nuevo León como presidente, en diciembre pasado, López Obrador se comprometió a aportar 2 mil 500 millones de pesos para la obra.

Además, en el mismo dictamen –redactado por la Comisión de Presupuesto, integrada por los diputados Roberto Ramiro, Francisco Cienfuegos y Luis Donaldo Colosio–, los legisladores autorizaron al gobierno estatal restructurar con la banca comercial una deuda que el SADM arrastra desde la administración de Natividad González Parás (2003-2009) por 3 mil 362 millones de pesos.

Es decir, la legislatura aprobó en un mismo dictamen que el estado asumiera dos deudas que totalizan más de 5 mil 862 millones de pesos.

En abril pasado el gobierno estatal envió la iniciativa de ley al Congreso y aseguró que con la presa Libertad se busca prevenir una contingencia hídrica.

En mayo pasado, Gerardo Garza, director del SADM, presentó a la legislatura el Plan Hídrico 2030, con el cual se generarán 4.8 metros cúbicos por segundo de caudal adicional para dar sustentabilidad al crecimiento de la población, el comercio y la industria de Nuevo León.

La demanda actual, se argumentó, es de 14.1 metros cúbicos por segundo, lo que implica una sobrexplotación de mantos acuíferos; además, una sequía puede comprometer el servicio.

Se prevé que el embalse garantice el suministro por los próximos 10 años, tiempo en el cual se debe desarrollar el resto del plan hídrico 2030 para sostener el crecimiento.

El resto del plan, expuso el SADM a los diputados en un documento del cual tiene copia La Jornada, consta de cuatro proyectos complementarios: saneamiento y reúso, con una inversión de mil 774 millones de pesos; mejoramiento de eficiencias, con 560 millones de pesos; ultrafiltración de agua tratada, al cual se destinarían 173 millones y la planta de tratamiento de aguas residuales Francisco Villa, en la que se invertirían 2 mil 334 millones de pesos.

Es decir, el Plan Hídrico 2030 costaría 9 mil 971 millones de pesos y con él se obtendría un caudal de 4.8 metros cúbicos por segundo.

Dos días después de que el Congreso avaló el proyecto, los integrantes del Comité Ecológico Pro Bienestar, Vertebra y No a Monterrey VI se reunieron con el ingeniero Alfredo González y el doctor en hidrogeología Juan Manuel Rodríguez, quien informó que en la zona metropolitana, a pocos metros de profundidad, hay suficiente agua para abastecer hasta con dos metros cúbicos por segundo a la población.