Con la expedición de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México no sólo cambiará su nombre, sino que toda autoridad o servidor público estará obligado a responder a sus recomendaciones en los 15 días hábiles siguientes a su notificación, de no hacerlo, se tendrá como aceptada.

En caso de no aceptarla o cuando sean aceptadas y no se cumplan, la autoridad debe fundar y hacer públicos los motivos de su negativa o incumplimiento, aunque el organismo podrá solicitar reconsiderar su postura.

Además, el Congreso podrá citarlas a comparecer, a efecto de que expliquen su negativa, y cuando sea aceptada y se detecten violaciones a derechos humanos, la comisión podrá investigar de oficio el área de actuación y las personas relacionadas con la recomendación.

De acuerdo con la ley, que entró en vigor este fin de semana, se busca con ello formular pronunciamientos generales dirigidos a prevenir su recurrencia e instrumentar las medidas idóneas, para lo cual contará con un programa de lucha contra la impunidad.

El procedimiento de queja se dividirá en seis etapas: solicitud inicial, registro de la petición, indagación preliminar, investigación, determinación y seguimiento, y el organismo tendrá la posibilidad de llevar a cabo procesos de conciliación, mediación y justicia restaurativa.

Así como otorgar servicios de asesoría, asistencia y acompañamiento en el ámbito de su competencia a las víctimas de violaciones a derechos humanos, con el objeto de facilitar acceso al derecho a la verdad, justicia y reparación integral.

El documento, que abroga la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y expide la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, contiene 135 artículos distribuidos en 19 capítulos, ocho títulos y ocho transitorios.

Se trata, destacó la presidenta de ese organismo, Nashieli Ramírez, del cambio más importante en sus 25 años de vida, en cuanto al acompañamiento a víctimas, el propiciar procesos de mediación y de justicia restaurativa, y en el despliegue territorial.

Labor coordinada

Con ello se garantiza la proximidad y la accesibilidad de sus servicios por medio del establecimiento de delegaciones institucionales en cada alcaldía; así como la creación de un órgano de control interno, que estará armonizado al sistema local anticorrupción.

El titular de ese órgano durará cuatro años en el cargo y será elegido por dos terceras partes del pleno del Congreso; en tanto, la nueva ley implicará el reajuste de 85 instrumentos, lineamientos, acuerdos y leyes internas, para lo cual cuenta con 180 días naturales.

Mencionó que el logotipo institucional será modificado a la brevedad posible y se transformará el acrónimo.