La entrada en vigor de la Guardia Nacional (GN) implica el riesgo de que se cometan nuevos casos de abuso contra la población civil por los militares que formarán parte de ese cuerpo, ya que su entrenamiento está dirigido a la aniquilación de enemigos y no a realizar labores de seguridad pública, advirtió la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

Pilar Noriega, de ese colectivo, señaló que a pesar de los compromisos del gobierno por mantener a la GN bajo control de autoridades civiles, en la práctica se anularon todos los filtros que lo hubieran hecho posible y advirtió que ese organismo podría terminar igual de corrompido y desacreditado que la Policía Federal (PF).

La sociedad peleó mucho porque hubiera controles civiles, pero no los hay. A las organizaciones civiles se les había asegurado que la GN estaría subordinada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero después el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sería un militar en activo, Luis Rodríguez Bucio.

Lo anterior es especialmente grave, dijo la litigante, porque en el anexo del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 se admite que los contingentes militares tienen el propósito de enfrentar, neutralizar y aniquilar a una fuerza enemiga, lo cual es una labor muy distinta a la naturaleza de las actividades de seguridad pública.