A cuatro años de la primera Declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio advierte fuertes resistencias de las autoridades a implantar acciones de prevención, atención y sanción de la violencia contra la población femenina.

En este contexto y frente a un panorama en que 56 por ciento del territorio nacional está declarado formalmente bajo este mecanismo, activistas, defensoras y especialistas solicitaron al gobierno evaluar y supervisar las 19 declaratorias que hay en el país, así como apartarse de la tentación de desaparecerlo.

El 31 de julio se cumplirán cuatro años de la emisión de dicha alerta en el estado de México, y ante la ausencia de un mecanismo de seguimiento oficial a la implementación de las recomendaciones del gobierno federal a los locales, las organizaciones adheridas al Observatorio elaboraron un Dictamen Ciudadano que evidencia la negativa de las autoridades para abordar la violencia feminicida como problemática sistemática, reduciéndola a situaciones aisladas.

Durante un foro para presentar los resultados de este trabajo, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, expuso que durante estos años el número de feminicidios diarios se incrementó de seis a diez.

“La violencia feminicida es hoy un problema generalizado a escala nacional… y este mecanismo debe generar acciones que disminuyan la violencia de género de forma eficaz”, expresó.

El dictamen, agregó, revela, entre varios aspectos, el abandono de un gobierno a otro de las medidas para abordar el problema. Asimismo, exhibe que las recomendaciones de seguridad, prevención y justicia se volvieron únicamente un catálogo de acciones limitadas en comparación con el contexto o grave que se vive en el estado.

Piden mecanismo fiscalizador

Estrada expuso que este mecanismo ha servido para atender los vacíos, obstáculos y resistencias de las autoridades. La alerta de género, expuso, es un elemento fiscalizador, es decir, una herramienta correctiva de las políticas públicas y los marcos legales que discriminan, revictimizan y no protegen ni garantizan una vida libre de violencia para las mujeres y niñas.

En tanto, Xipatl Contreras Oropeza, consultora para la realización del Dictamen Ciudadano, subrayó que existe la necesidad de elaborar una vigilancia externa al propio gobierno del estado de México, pues dicha autoridad no puede ser juez y parte.