El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunciaron que las autoridades estatales y municipales de esa entidad han sido omisas e ineficientes para investigar y detener a los grupos narcoparamilitares conocidos como Los Rojos y Los Ardillos.

Dichas bandas del crimen organizado, afirmaron, han intensificado en meses recientes las amenazas e incluso asesinatos en contra de varios integrantes de ambos colectivos sociales, con el objetivo de detener la lucha de diversas comunidades en defensa de su territorio y sus recursos naturales.

En conferencia de prensa, integrantes del CIPOG-EZ y el CNI afirmaron que un ejemplo de dicha escalada de violencia es la desaparición y posterior homicidio de los indígenas nahuas David Domingo Alonso y Marcelino Pedro Rojas, originarios de la comunidad de Ayahualtempa, quienes el pasado 8 de julio fueron detenidos y asesinados por integrantes de Los Ardillos, de acuerdo con algunos testigos.

Apenas dos días después de esos hechos, las indígenas Juana Hernández Ambrosio y Alberta Matías Tendón, también integrantes de los dos colectivos populares, fueron asesinadas de una manera similar a la de las otras dos víctimas, a pesar de que en la zona donde ocurrió el ataque ya existe presencia de la Guardia Nacional.

En el mismo sentido, el CNI y el CIPOG-EZ dijeron tener información de que Los Ardillos investigan las actividades de otros luchadores sociales, entre ellos Jesús Plácido Galindo. Las amenazas en su contra fueron ratificadas a transportistas de la región de la Montaña Alta, así como a comisarios de pueblos de esa misma zona.

“El asedio a las comunidades indígenas nahuas integrantes del CIPOG-EZ no ha cesado, los retenes narcoparamilitares continúan y en ellos registran a la población que se dirige a las cabeceras municipales. Los gobiernos estatal y federal anunciaron con bombo y platillo la llegada de la Guardia Nacional, pero no vemos mayor seguridad ni que se haga justicia a nuestros hermanos y hermanas brutalmente asesinados y asesinadas”, alertaron.

Las organizaciones responsabilizaron de nuevas agresiones al gobierno municipal de Chilapa de Álvarez, así como al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y al presidente López Obrador.