Nueva York. El presidente Donald Trump confirmó ayer que su régimen realizará redadas masivas de indocumentados alrededor del país este fin de semana, mientras alcaldes y autoridades municipales, legisladores, defensores de derechos humanos, líderes de migrantes, religiosos y médicos denuncian las políticas crueles de la Casa Blanca y se preparan para enfrentar las consecuencias en por lo menos 10 ciudades, incluyendo ésta.

En contra de la práctica de las agencias de seguridad pública, y en particular de las autoridades migratorias, de no anunciar operativos por adelantado, Trump confirmó ayer versiones filtradas por altos funcionarios esta semana de que se preparan redadas masivas de inmigrantes, empezando este domingo.

Para algunos observadores, anunciarlo de esta manera indica que el propósito real no es la efectividad de las redadas –ya que alertar de cualquier operativo de seguridad pública reduce las posibilidades de cumplir con sus metas– sino su impacto mediático al nutrir el temor en las comunidades migrantes.

Se inician el domingo, van a sacar a la gente y los van a regresar a sus países, afirmó Trump, y agregó que no hay nada por lo cual guardar secreto sobre lo que llamó una operación mayor.

La agencia encargada de las redadas, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), enfoca su operación en por lo menos 10 ciudades mayores, incluyendo Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Atlanta, Houston, Miami, Denver, Baltimore y San Francisco, entre otras. Fuentes oficiales anónimas indicaron que la operación podría extenderse varios días, y podría empezar incluso antes del domingo.

El propósito, según fuentes del Departamento de Seguridad Interna (sede del ICE y otras agencias encargadas de inmigración), es capturar a por lo menos 2 mil indocumentados, incluyendo familias y no sólo a adultos con historial criminal, como se ha justificado anteriormente.

Aparentemente, según versiones de funcionarios del Departamento de Seguridad Interna compartidas con algunos medios nacionales, un objetivo es disuadir a potenciales migrantes de ingresar a Estados Unidos mostrando imágenes de familias y sus menores de edad capturados y llevados a centros de detención en este país.

Alcaldes y concilios municipales de casi todas las ciudades –y algunos gobernadores, como el de California y Nueva Jersey– donde se realizarán las redadas deploraron el operativo y anunciaron que sus agencias de seguridad pública locales no asistirán a ICE ni compartirán con las agencias federales datos sobre sus residentes migrantes. Por lo menos seis de estas ciudades ya se habían declarado oficialmente santuarios, donde existen instrucciones de no cooperar con agentes federales de migración.

A la vez, se han redoblado esfuerzos para ofrecer asistencia a comunidades afectadas, incluyendo números de emergencia, apoyo legal y medidas para asistir a familias separadas, sobre todo con menores de edad que podrían quedar abandonados si sus padres son detenidos (con frecuencia, adultos indocumentados tienen hijos con ciudadanía estadunidense).

Estamos haciendo todo lo que podemos para frenar lo que está haciendo el gobierno de Trump, comentó la nueva alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, quien ordenó a su departamento de policía negar al ICE acceso a su banco de datos, mientras sus contrapartes en otras ciudades hicieron eco de estas afirmaciones de repudio y resistencia.

Mientras tanto, organizaciones de defensa y apoyo a comunidades migrantes intensifican sus actividades de educación sobre derechos básicos. Se les informa, por ejemplo, que no se tiene que permitir el ingreso de un agente de ICE a un hogar sin orden judicial, como tampoco se debe responder a ninguna pregunta u ofrecer documentos sobre la calidad migratoria. A la vez, se alistan redes de respuesta rápida para brindar apoyo inmediato a familias afectadas.

Es como prepararse para un huracán, describió Melissa Taveras, de la Coalición de Inmigración de Florida a USA Today. Muchas familias, informan organizaciones de apoyo, están preguntando si deberían ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o sólo salir de sus viviendas para comprar alimentos y otras necesidades.

Muchos activistas señalaron que sus comunidades han estado viviendo bajo ataque y temor desde que llegó Trump a la presidencia, e incluso recordaron que su antecesor, Barack Obama, deportó a unos 3 millones de indocumentados, y que esta situación es más bien parte de un juego político-electoral que de la idea de buscar soluciones al problema migratorio.

En realidad es sólo otro ejemplo de una acción llena de odio, dirigida a sembrar temor y división en las comunidades y entusiasmar a la base de su campaña electoral, comentó Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, red de organizaciones de migrantes.

Junto con las condenas por el anuncio de las redadas masivas, diversas coaliciones de organizaciones y agrupaciones de defensa de migrantes, religiosas, de libertades civiles, de médicos, legisladores, sindicatos y más continuaron denunciando las políticas de separación de familias y el trato a los menores de edad en centros de detención.

Anoche, en cientos de actos en los 50 estados y la capital, se realizó la vigilia nacional Luces por la Libertad, para poner fin a los campamentos de detención de migrantes y repudiar las redadas. Cientos, entre ellos líderes municipales, sindicales, religiosos, maestros, médicos y más participaron en Nueva York con veladoras en Foley Square, frente a los tribunales, con sus nobles lemas de justicia para todos.

Por otro lado, la organización Médicos por Derechos Humanos convocó a los ciudadanos a poner fin a la detención y separación de niños después de un año de negligencia médica, temor, intimidación y trauma sicológico con la separación de miles de niños de sus padres en este régimen (https://phr.org).