Guadalajara, Jal., Carlos Lomelí, delegado del gobierno federal en Jalisco, investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presunto conflicto de intereses, renunció al cargo ayer, apenas horas después de haberse reunido en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Enseguida, en un mensaje en Twitter, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, advirtió que en el gobierno de López Obrador no se toleran los conflictos de interés, quien los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la 4T.

Lomelí anunció su decisión de separarse del cargo de delegado de la Secretaría de Bienestar en Jalisco. “Lo hago con un profundo sentido de responsabilidad y con claridad de miras y prioridades.

Primero la Patria y su transformación, después estamos las personas. Hoy tomo distancia para que el ruido de la politiquería no afecte el trabajo que debe hacerse en Jalisco, reitero mi compromiso de trabajar por México, mi agradecimiento y lealtad al Presidente, señaló.

Antes, en entrevista televisiva, señaló que presentó su renuncia con la única intención de que haya la libertad de que se hagan las investigaciones correspondientes, así como para parar ese golpeteo y esa violencia mediática y política que intenta dañar al gobierno federal de manera permanente y contundente a través de esa asociación llamada Mexicanos contra la Corrupción.

Afirmó que tuvo diálogos en días pasados con su jefe inmediato, Gabriel García, coordinador de delegados federales, y con la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, para ir adelantando su decisión, que consensuó con “la familia y varios de mis amigos.

El Presidente me conoce, es mi amigo y sabe que yo seguiré ayudando desde cualquier punto donde decida participar para esta Cuarta Transformación, pero por el momento es conveniente tanto para el gobierno federal como para mi persona que haya ese espacio y esa libertad para que se realicen las investigaciones correspondientes que llevan a cabo los de la Función Pública y acabar con esta rumorología y golpeteo contra el gobierno federal, agregó.

Desde hace meses , Lomelí –empresario farmacéutico que el año pasado fue candidato a gobernador de Jalisco por Morena y quedó en segundo lugar– ha sido señalado por una organización civil de tener nexos con la empresa Abisalud, que es investigada por ventas irregulares tanto al gobierno federal como estatal. Según los documentos difundidos, la firma vinculada a Lomelí habría obtenido contratos por 164 millones de pesos.

Los señalamientos en su contra datan desde el año pasado, cuando en campaña el hoy gobernador Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, lo acusó entre otras cosas de propiciar el desabasto en las farmacias del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y prometió que las irregularidades no quedarían impunes.

Hasta el cierre de la edición, la oficina de prensa de Lomelí no había dado a conocer más detalles, aunque trascendió que el posible sucesor sería el abogado Juan Soltero.