ara que Donald Trump no impusiera aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, el pasado 7 de junio, México se comprometió, esencialmente, a contener los flujos migratorios de centroamericanos que transitaban por el país hacia esa nación, a recibir y retener a los solicitantes de asilo en Estados Unidos y a hacer una evaluación –a discreción de nuestro vecino–, 45 días después, sobre lo alcanzado con las acciones instrumentadas. En una segunda fase, los compromisos son aún más graves y profundos.

Mucho se ha dicho que la amenaza de Trump fue sólo una trampa para fortalecer su campaña relectoral, en la que caímos ingenuamente, y que el acuerdo es impreciso y nos subordina al gobierno del magnate. También se ha dicho que es imposible darle seguimiento porque carece de metas, criterios de evaluación o acuerdos explícitos. Todo se deja a lo que opine el presidente estadunidense. Más allá de esas consideraciones que son vigentes, a partir del acuerdo México ha implementado políticas públicas con consecuencias concretas sobre las que hay que reflexionar y evaluar.

Imagino que el gobierno mexicano después del 7 de junio generó un sistema de información que permite conocer los efectos de las medidas adoptadas y responder a preguntas tan simples como: cuántos migrantes centroamericanos se han contenido en la frontera sur de México; de qué nacionalidad son y, sobre todo, qué ha pasado con ellos, cómo han sido tratados y cuál fue el costo de su detención, aunque las autoridades recurren al eufemismo de rescate.

Sin duda habrá preguntas similares para la frontera norte. Espero también que toda esa información se hará pública y se pondrá a disposición de los medios de comunicación, de la sociedad civil, que desde hace décadas ayuda y protege a los migrantes, y de las instituciones académicas que sistematizan y analizan esta información. Todos estos datos y análisis hay que ponerlos en la mesa de evaluación que se tendrá, como ha sido anunciado, comprometido y firmado, el 22 de julio.

Ojalá y en esa mesa se aborde el costo económico y social que las medidas concedidas han tenido para las localidades fronterizas mexicanas que han dado vivienda, educación, salud y hasta empleo a 16 mil solicitantes de asilo –hasta el 30 de junio pasado– que han sido entregados por las autoridades estadunidenses.

Sin duda, se aportará información sobre los efectos y costos para la seguridad de los mexicanos, toda vez que se han distraído a más de 20 mil integrantes de la incipiente Guardia Nacional –más de la tercera parte de su capacidad actual– en labores de contención de migrantes. Estoy seguro que todo eso está contabilizado. Así debe ser, porque son recursos públicos que se derivan del pago de los impuestos de los mexicanos. Es decir, es nuestro dinero el que se está gastando y son nuestras familias las que están sin protección porque los elementos de la Guardia Nacional andan persiguiendo migrantes, quienes no son delincuentes.

Ojalá no se olviden de incluir en esa evaluación a los nueve centroamericanos fallecidos hasta el 30 de junio, más los que no hemos registrado, en su intento de llegar a Estados Unidos escapando a las medidas de contención mexicanas derivadas del acuerdo. Quizás hasta puedan platicar unos minutos de Óscar Martínez y su hija Valeria, metida en la camiseta de su papá, los salvadoreños que fallecieron en el río Bravo y cuya foto dio la vuelta al mundo.

No sé si alcanzará el tiempo y la abundante información para platicar de lo que pasa a los migrantes centroamericanos cuando son devueltos a sus lugares de origen, de las jóvenes salvadoreñas y hondureñas que serán abusadas sexualmente o caerán en redes de trata, porque no pudieron salir de sus países, o de cómo operan los centros de detención en México y las condiciones en las que viven. Y sin duda reflexionarán porqué ahora los migrantes están intentando rutas y medios clandestinos que los ponen en mayor riesgo.

Ojalá y les dé tiempo, porque así se darían cuenta del daño que se les está haciendo, de la distorsión que este acuerdo trajo al proceso migratorio, de cómo los centroamericanos se tendrán que echar en los brazos del crimen organizado y arriesgar su vida y sobre todo, más allá de los beneficios electorales para Donald Trump, de lo inútil y perverso del acuerdo.

Mucho me temo que la evaluación, que menciona el acuerdo y cuyo plazo es el 22 de julio, se reducirá a un mensaje de twitter de Trump afirmando que México esta haciendo un gran trabajo deteniendo migrantes –quizá señale, para mayor vergüenza de México, que lo ha hecho mejor que los demócratas– y del lado mexicano habrá alguna declaración o presentación en las conferencias matutinas del Presidente. No debemos permitirlo.

No debemos aceptar eso como evaluación. Las evaluaciones vía Twitter de Trump o sus expresiones en conferencias improvisadas, no tienen ningún valor, recordemos que así ha felicitado a gobiernos y gobernantes que violan sistemáticamente los derechos humanos o que han sido acusados de torturar y asesinar a sus opositores.

*Presidente de Mexa Institute

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