l martes, el Congreso de Baja California aprobó una reforma a la Constitución local para que el próximo gobernador permanezca en el cargo durante cinco años. Dicha legislación, respaldada por diputados de los partidos Acción Nacional, Morena, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Transformemos, revierte la aprobada en 2014, según la cual la administración que entre en funciones este 1º de noviembre tendría una duración de únicamente dos años, a fin de que el proceso electoral se homologara con los comicios federales.

De acuerdo con los 21 legisladores que impulsaron la conocida como ley Bonilla por beneficiar al gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, con ella no se renuncia a homologar las elecciones, sino que se traslada la sincronización a 2024, con el propósito de evitar a las arcas públicas el costo de llamar nuevamente a las urnas en 2021.

Más allá de dislates declarativos, lanzados sin más motivación que el golpeteo político –como la especie según la cual la ampliación de mandato en Baja California es un ensayo para la relección del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024–, lo cierto es que existen diversos elementos preocupantes en el proceder de los legisladores de la entidad fronteriza. En primer lugar, por la forma, pues tramitaron por la vía del denominado fast track una medida de gran calado que exige un ineludible debate de cara a la ciudadanía, así como fincarse en argumentos de mayor consistencia que los financieros. En este aspecto formal, también resulta sumamente cuestionable que la medida fuera aprobada por los diputados de la mayoritaria bancada morenista, toda vez que los beneficios de la reforma recaen en su correligionario, y constituyen de esta manera un flagrante conflicto de intereses.

En segundo lugar, la ley Bonilla contiene graves problemas de fondo, cuya esencia se encuentra en la alteración de la voluntad popular: en efecto, los ciudadanos de Baja California que eligieron a Bonilla para dirigir el Ejecutivo estatal emitieron su voto con el conocimiento de que le estaban otorgando un mandato de dos años, y ni la holgada mayoría obtenida por el Movimiento Regeneración Nacional en el Congreso ni el amplio margen con que su candidato a gobernador se impuso a sus rivales pueden ser pretexto para cambiar desde las curules lo que no se obtuvo en las urnas.

Por ello, resulta sana la postura del Presidente de la República en el sentido de descalificar la reforma, manifestar que se le habría caído la cara de vergüenza de haber sido él quien la aprobó, y expresar su confianza en que recibirá una sanción adversa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cabe esperar que esta autoridad confirme lo dicho por el Ejecutivo, deje sin efecto el despropósito de los legisladores bajacalifornianos y restaure la voluntad popular.