La Agencia Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés), investiga al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo por su probable vinculación con el delito de lavado de dinero, según consta en un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda enviado a un juzgado federal.

Por esta razón, el juzgado 16 de distrito en materia administrativa le negó al empresario mexicano una suspensión definitiva contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.

El acuerdo del juez Gabriel Regis López señala que negó la protección de la justicia federal toda vez que mediante oficios con registros 15289 y 15399, el titular y el director general, ambos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, exhibieron el oficio MX-19- 0225 firmado por el director regional adjunto de la United States Drug Enforcement Administration, en el que se informó que diversas personas estaban siendo investigadas por posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero, dentro de las cuales destaca el quejoso físico.

El oficio se giró el pasado 30 de abril. La investigación también está encaminada contra el ex director de Petróleos Mexicano (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

Asimismo, el juez federal argumentó que el contexto jurídico bajo el cual se conduce la UIF, tiene por finalidad proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, mediante una coordinación interinstitucional, que tiene como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir dichos delitos

Alonso Ancira, enfrenta en México una orden de captura por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En la actualidad, el empresario está bajo custodia en España, acusado en la compraventa de la empresa Agronitrogenados que adquirió a Pemex a un precio 10 veces superior a su valor, cuando Lozoya Austin era el director general de la empresa productiva del Estado, quien en la actualidad es prófugo de la justicia.