n un albazo legislativo, 21 diputados locales –muy probablemente debidamente aceitados ($$)– votaron la prolongación de dos a cinco años del mandato del gobernador electo de Baja California.

Ha sido no sólo una maniobra sucia, sino que 21 diputados, en una sesión legislativa convocada al vapor y que puede decirse realizada en lo oscurito, están pretendiendo sustituir el mandato surgido de una elección democrática, declarada legal por la autoridad correspondiente. Los ciudadanos de Baja California eligieron a un gobernador que próximamente debe tomar posesión del cargo para desempeñarse en un periodo de dos años; 21 diputados de los partidos Acción Nacional, Morena, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Transformemos, pasando por encima de una elección y de la voluntad ciudadana expresada en mayoría el pasado 1º de julio, decidieron regalar a su gobernador electo tres años más de gracia en el cargo.

Con esta resolución se atropella la voluntad ciudadana, se viola la ley en su espíritu y letra (por más que el voto legislativo se haya dado según procedimientos establecidos en la ley local), se rompe el orden republicano y se lesiona gravemente nuestra aún incipiente democracia.

La mayoría de los diputados del Congreso local y los partidarios de la prolongación del mandato pretenden que se crea que se trata de una reforma tomada en beneficio del pueblo y el estado de Baja California. Pretenden hacer creer a la opinión pública que se trató de una sesión de Congreso como ha habido y habrá muchas más, que responde al sentir del pueblo bajacaliforniano, que hasta donde se sabe, la reforma, como se dice corrientemente, le pasó de noche. No se ha enterado de ella hasta que fue aprobada por la mayoría legislativa, que por haber procedido como lo ha hecho, pierde toda legitimidad, haciéndosela perder al cuerpo al que pertenece si no se revierte la reforma y si no se aplican las sanciones que procedan.

Resulta un fuerte insulto a la inteligencia que los 21 diputados quieran hacer a todo mundo creer que han actuado por el bien de sus representados. Si esta reforma llega a cobrar vigencia, en teoría sólo hay un beneficiado: el senador con licencia Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California. Aunque, claro, no puede sino pensarse (¿será?) que los 21 diputados son beneficiarios igualmente al haberse llenado ya manos y bolsillos. ¿Qué procede?

• Si hubiese moral y no estuviese detrás de la maniobra, que el senador con licencia y gobernador electo Jaime Bonilla declare públicamente su rechazo a la reforma y su compromiso de cumplir el periodo de dos años para el que fue elegido. Ni un día más.

• Que abandonen sus cargos los 21 diputados que votaron aprobando la reforma, sean política y, en su caso, penalmente sancionados, y sean ya sustituidos por sus respectivos suplentes.

• Aquellos facultados por la ley, individuos e instituciones, que interpongan los recursos que procedan para reclamar la anulación de la reforma.

• Que intervenga el Senado para restablecer el orden republicano y democrático en Baja California.

• Que los partidos políticos a los que pertenecen los 21 diputados que aprobaron prolongar el mandato del Ejecutivo local sean sancionados de acuerdo con sus respectivos estatutos.

Si esta reforma que amplía el mandato de un gobernador no se echa abajo, tanto en la ley como en la práctica, se estaría creando un grave antecedente para nuestra vida republicana y democrática.

Lo que han hecho los 21 diputados del Congreso bajacaliforniano no representa un mal menor. Cualquier mayoría legislativa, debidamente preparada para ello ($$), podría votar la prolongación o acortamiento de mandatos de mandatarios en funciones o por entrar en funciones. ¿En dónde? ¿Por qué no y desde ya en Tlaxcala, Sonora, Michoacán, Yucatán, la Ciudad de México o cualquiera del resto de las 32 entidades de la Federación? ¿Y por qué no suponer que el Congreso de la Unión pudiera pensar en una reforma constitucional que facultara a los congresos de todas las entidades federativas y a sí mismo para alargar o acortar mandatos de funcionarios electos en cualquier momento, en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial?

Muy grave me parece que un miembro del partido mayoritario en Baja California, como el senador con licencia y gobernador electo Jaime Bonilla, pudiera prestarse a ser el beneficiario de una medida así. Muy grave me parece que la presidenta del partido mayoritario del país, que proclama la vigencia del estado de derecho y el riguroso cumplimiento de la ley, considere que prolongar por tres años el mandato del gobernador electo de Baja California es una decisión intrascendente, de cajón, de un Congreso local, como pudiera haber sido cualquier otra. La inocencia no es creíble en este caso.

El mandato de una elección democrática debe ser inamovible.