México utilizará todos los instrumentos de la ley para impugnar los procesos de imposición de aranceles al tomate y, más recientemente, a algunos productos del acero, aseveró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Aunque se han registrado estos casos específicos, no se vislumbra una nueva amenaza de Estados Unidos de aplicación generalizada de aranceles a todos los productos mexicanos, aseguró.

Ebrard aseveró que el nivel intercambio de mercancías entre México y Estados Unidos es tan intenso –uno de los más grandes del orbe–, por lo que no es de extrañar que haya diferendos comerciales y económicos permanentes. A pesar de ello se podría calificar a la relación en general como buena en términos comerciales si se compara con otros diferendos o procedimientos en Europa u otras regiones del mundo.

En conferencia de prensa conjunta en Palacio Nacional, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, aseveró que los casos del jitomate y de algunos productos del acero nada tienen que ver ni con la amenaza reciente de imposición generalizada de aranceles a todos los productos mexicanos exportados a Estados Unidos –ligada a diferendos migratorios entre ambos países– ni con la denominada sección 232 que hace dos meses se convirtió en otra ruta para imponer aranceles al acero mexicano.

Márquez explicó que desde febrero el Departamento de Comercio inició un procedimiento contra algunos productos de acero estructural sobre los cuales se presume existen algún tipo de subsidios que afectarían los intereses de productores estadunidenses, por lo que se impusieron aranceles de manera provisional.

Su vigencia será hasta en tanto se concluyan las investigaciones que determinen si efectivamente existen subsidios que generen una competencia indebida de productos mexicanos al acero estadunidense. Márquez precisó que todo el procedimiento, incluidas posibles apelaciones, deberá concluirse el 2 de enero, periodo durante el cual la dependencia realizará el acompañamiento técnico y jurídico a los productores mexicanos.

En cuanto al tomate, informó que ha sido un largo procedimiento que comenzó en 1996 cuando productores estadunidenses de Florida acusaron a agricultores mexicanos de incurrir en prácticas desleales, a partir de lo cual el Departamento de Comercio inició una investigación. Explicó que en sucesivas ocasiones –2002, 2008 y 2013– se alcanzaron acuerdos que suspendieron los efectos arancelarios.

Sin embargo, Márquez mencionó que entonces había una actitud más proclive al libre comercio y ahora hay otras motivaciones de corte proteccionista. La demanda original es de productores de tomate en Florida, que es un estado de gran relevancia electoral en Estados Unidos, lo cual puede estar asociado a que ahora exista otro tratamiento de cara a la carrera presidencial.