En diversas ocasiones, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) –dependiente de la Secretaría de Gobernación– ha tenido un desempeño cuestionable debido a sus omisiones y malos manejos financieros, los cuales han sido plasmados en estudios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en particular el que se refiere a la entrega de ayuda a los damnificados por los sismos de 2017.

El pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en gobiernos anteriores se usó las declaratorias de emergencia como una forma de realizar negocios al margen de la ley, mediante los cuales ex gobernadores pudieron comprar casas y otros bienes.

Al revisar los estudios recientes de la ASF respecto del Fonden, destaca la auditoría de cumplimiento financiero 15-GB, correspondiente a la Cuenta Pública 2017, en la cual se establece que la política del Estado relacionada con la protección de la población civil en casos de desastre es ineficiente, ineficaz y costosa.

Lo anterior, debido a que tiene vacíos normativos y de operación que resultan en la posible materialización de riesgos como la ocurrencia de actos contrarios a la legalidad, el desempeño inadecuado de funciones y facultades, la asignación imprecisa de recursos públicos y la omisión de reglas, criterios y normas vigentes.

Entre las fallas del Fonden en el caso de la ayuda a los damnificados de 2017, de acuerdo con la ASF, es que no diseñó mecanismos de control para evaluar la calidad de los censos y padrones proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, lo que llevó a duplicar la entrega de tarjetas de crédito proporcionadas por el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bansefi emitió 4 mil 574 tarjetas a nombre de mil 495 beneficiarios –es decir, hubo 3 mil 79 plásticos extra–, a los que les transfirieron 68.8 millones de pesos.

En resumen, el Fonden operó con una clara falta de efectividad para ejecutar acciones, autorizar y aplicar los recursos que mitiguen los efectos producidos por los fenómenos naturales perturbadores, toda vez que se observó una falta al principio de inmediatez y una ineficaz coordinación interinstitucional y control integral.

Otra auditoría en que se documentan irregularidades del Fonden es la 17-GB de la Cuenta Pública 2016, donde, si bien se apunta que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, hubo algunas fallas, entre las que están una serie de deficiencias en la operación y supervisión de la aplicación de los recursos revisados.

De igual manera, en algunos casos se autorizó el envío de más medicamentos de los necesarios y se pasaron por alto las fechas de avisos de términos de las declaratorias de emergencia.