La determinación de ampliar de dos a cinco años la duración de la próxima gubernatura de Baja California es un hecho escandaloso e ilegal, sobre todo porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había determinado que el cargo sería de dos años, dijo ayer Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).

Mientras, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) adelantaron que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad y promoverán otros recursos ante tribunales. Además, anunciaron que expulsarán a sus diputados que votaron en favor de la reforma en el Congreso estatal.

San Martín recordó que la Sala Superior del TEPJF dejó en claro que la gubernatura tendría una duración de dos años, y en ese entendido los ciudadanos acudieron a votar. Eligieron para ese periodo, no para cinco años, insistió.

Consideró inaceptable que el Congreso estatal (que tiene mayoría panista) haya aprobado la ampliación cuando los ciudadanos eligieron a un gobernador para sólo dos años. La Constitución prohíbe la retroactividad de las leyes, recordó.

Manifestó su esperanza en que los cabildos no ratifiquen la reforma. En caso contrario, esperaríamos que los tribunales federales o la Corte modifiquen esta decisión que constituye un precedente muy grave en México.

En tanto, el dirigente del PAN, Marko Cortés, aseguró que se tomarán las medidas legales necesarias para echar atrás la modificación legislativa.

Hizo énfasis en que la posición de Acción Nacional siempre fue clara en contra de los intentos del candidato electo, Jaime Bonilla, de modificar el periodo de la próxima gubernatura, por lo cual someterán a consideración de la Comisión de Orden del blanquiazul el caso de los legisladores panistas que votaron en favor de la ampliación del mandato, ya que actuaron ilegalmente y traicionaron al partido.

El PRI anunció que impugnará en tribunales la extensión, la cual calificó de albazo y decisión inconstitucional. Se trata, aseguró, de «un grave ataque a los principios de certeza y legalidad de la elección del 2 de junio pasado.

La dirigente priísta, Claudia Ruiz Massieu y los aspirantes a sucederla, Alejandro Moreno e Ivonne Ortega, condenaron el voto de los diputados priístas en favor de la reforma y anunciaron que sus casos serán llevados a las comisiones nacionales de justicia y ética partidaria.

Por su lado, Ángel Ávila, integrante de la dirigencia nacional extraordinaria del PRD, calificó esta reforma de absoluto atropello.

El dirigente de MC, Clemente Castañeda, afirmó que el principal impulsor de ese cambio es Morena, seguido del gobernador Francisco Kiko Vega, quien busca que no se le persiga. Informó que ya pidió a la comisión de justicia intrapartidaria la expulsión del legislador de su partido que sufragó por la extensión del periodo de gobierno.

Morena intentó en dos ocasiones ampliar la gubernatura. Primero buscó que fuera de cinco años y luego de seis, y en ambas ocasiones la Sala Superior del TEPJF se opuso con el argumento de que no podía reformarse la ley cuando ya se había iniciado el proceso electoral.

En cumplimiento a la reforma de 2014, el Congreso de Baja California decidió que el mandatario electo en 2019 duraría dos años en el cargo para que en 2021 coincidieran las elecciones federales y la del Ejecutivo estatal.