La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) negó ayer que el sector que encabeza reciba subsidios, como determinó de manera preliminar el Departamento de Comercio de Estados Unidos y por lo cual impuso gravámenes a estructuras de acero el lunes pasado.

El organismo explicó que lo denunciado por el gobierno del país vecino son programas de desarrollo no específicos para la industria siderúrgica. No son sancionables al amparo de la Organización Mundial de Comercio y muchos países los aplican, explicó, incluyendo a Estados Unidos, y rechazó que esa industria mexicana reciba subsidios.

Agregó que la imposición de derechos a productos de acero estructural habilitado significa que las exportaciones de las empresas mexicanas involucradas en el caso estarán sujetas al pago de derechos antisubvenciones a su ingreso al mercado estadunidense.

La Canacero reiteró que está en favor de combatir las prácticas de comercio desleal, pues México, al igual que Estados Unidos, sufre las consecuencias de aplicación de subsidios directos a la industria siderúrgica por naciones que, por lo general, operan bajo economías centralmente planificadas y con empresas propiedad del Estado, como es el caso de China, que tienen como resultado la sobrecapacidad de acero a escala mundial, con graves consecuencias sobre países que se rigen por las reglas de mercado y están abiertos a la competencia internacional, como es el caso de México.

Aunque indicó que analizará la resolución preliminar y que las empresas afectadas y el gobierno mexicano interpondrán los medios de defensa para revertir el resultado inicial de la investigación, solicitó a la Secretaría de Economía que establezca una estrategia de defensa, pues se argumentó que México otorga subsidios a su industria, lo cual es totalmente incorrecto y sentaría un precedente que puede afectar buena parte de las exportaciones.

Agregó que el procedimiento anunciado el lunes pasado es contra las importaciones de acero estructural habilitado, por lo que no está relacionado con la medidas invocadas bajo la Sección 232 que en el pasado fueron aplicadas, de manera injustificada, a 54 familias de productos de acero mexicano y que finalmente fueron revocadas por Washington desde mayo pasado.