Para evitar que México y sus exportaciones queden desprotegidos en conflictos comerciales y para asegurar la defensa de los 12 tratados que ha firmado con 46 naciones, las embajadas deben absorber al personal especializado que la Secretaría de Economía (SE) tenía en sus oficinas en el extranjero y ante organismos multilaterales y que durante décadas ha defendido los intereses del país en esa materia, manifestó Eduardo Ruiz Huarte, director del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce).

Hay gran preocupación en el sector exportador, dijo, porque con la Ley de Austeridad Republicana el Poder Legislativo desapareció las oficinas de representación comercial que la SE tenía ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), la Asociación Latinoamericana de Integración y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como en Estados Unidos, Canadá, Japón y Unión Europea.

En su artículo 15, la Ley de Austeridad Republicana, aprobada la semana pasada por el Senado, establece que quedan prohibidas las delegaciones de los entes públicos en el extranjero, salvo las correspondientes a las áreas de seguridad nacional e impartición de justicia. La representación del Estado mexicano en el extranjero, la ejecución de la política exterior, su dirección y administración corresponderán sólo a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pero no se detalla qué ocurrirá con las cuestiones comerciales.

Si bien desde el 7 de enero de 2019 la SRE y la SE suscribieron un convenio de colaboración sobre promoción de exportaciones y atracción de inversión extranjera directa, funciones que llevó a cabo durante 11 años ProMéxico, Ruiz Huarte sostuvo que las representaciones de Economía que ahora desaparecerán son distintas a las 46 que ProMéxico tenía en 31 países.

Éstas comenzaron a ser desmanteladas desde que se inició el sexenio, aunque la desaparición del organismo se oficializó apenas en mayo con un decreto presidencial.

Expresó que desde la década de los 90 del siglo pasado el gobierno mexicano creó expresamente una oficina para la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la cual se ha atendido cualquier disputa comercial con ese país, como el reciente caso de los aranceles de 25 y 10 por ciento a las exportaciones de acero y aluminio mexicanos que el gobierno del presidente Donald Trump impuso.