Las medidas de austeridad no han tenido eco en las dependencias de la administración pública federal. En un memorando que fijaba junio de plazo para que se eliminaran las plazas de dirección general adjunta que fueron creadas injustificadamente desde el gobierno de Felipe Calderón, el presidente Andrés Manuel López Obrador determinó también que se prescindiera de asesores y choferes, excepto para titulares y subsecretarios de cada dependencia. De acuerdo con los registros que concentran las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP), los rubros anteriores han sido desatendidos.

La administración pública federal está compuesta por 297 entes –incluyendo empresas productivas del Estado, órganos desconcentrados y autónomos, centros de investigación y dependencias, entre otros–, cuyos registros de nómina son públicos. Sólo para las secretarías de Estado hay al menos 465 plazas de directores generales adjuntos. Dichos puestos tienen los salarios más altos dentro de la administración pública (en promedio, 10 veces más que un médico general en la nómina federal, cuyo salario base llega a 7 mil 672.46 pesos) y también están en las antípodas de las remuneraciones más bajas en el registro oficial, pues hay desde 3 mil 905 pesos mensuales para auxiliares médicos.

En entrevista con La Jornada, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó el tema: Hay todavía mucha resistencia al interior del mismo gobierno y simulación. Por ejemplo, Calderón creó direcciones adjuntas al por mayor y la instrucción es que no haya direcciones adjuntas. Y, sin embargo, sigue habiendo direcciones adjuntas (...) La instrucción es no tocar a los trabajadores de base.

El registro oficial sustenta la omisión de acabar con dichas plazas. La SHCP, que junto con la SFP opera el programa de austeridad de la administración pública federal, incluso conserva en su nómina una plaza de chofer de director general adjunto, con una remuneración de 18 mil 128 pesos al mes, aunque no detalla para cuál de los 106 directivos que cuentan con ese estatus en su estructura.

Con mayor número de directores generales adjuntos le sigue Gobernación, con 95 plazas vigentes, dos meses después del memorando que firmó el Presidente. En ese orden le siguen las secretarías de Comunicaciones y Transportes (53 plazas), Relaciones Exteriores (47) y Educación Pública (45).

De ahí continúan Economía, que tiene en su estructura 26 directivos de ese tipo, y Energía y Medio Ambiente y Recursos Naturales, ambas con 17. La Función Pública, cuya titular, Irma Eréndira Sandoval, junto con Carlos Urzúa, de Hacienda, fue la vocera de las medidas de austeridad, pagó a 13 personas con dicho estatus en la última quincena de junio.

Bienestar y Cultura cuentan con 12 puestos de ese tipo; Salud y Agricultura y Desarrollo Rural cuentan con siete plazas vigentes, y Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, así como Trabajo y Previsión Social, cuatro.

Sólo Marina, Turismo y Seguridad y Protección Ciudadana no cuentan con ese tipo de plazas al corte del 30 de junio.

Aunque en ningún apartado se detallan funciones de las direcciones general adjuntas, las remuneraciones de sus titulares oscilan entre 78 mil 408 y 127 mil 412 pesos mensuales. Esto incluye prestaciones que no tienen todos los trabajadores de la administración pública, según la información que transparenta el gobierno sobre su nómina.

En cuanto a asesores, prácticamente todas las dependencias mantienen en promedio cinco personas contratadas bajo ese concepto. Las excepciones vuelven a ser Marina, Turismo y Seguridad Ciudadana.