Sólo uno de cada 10 delitos que se cometen en la Ciudad de México son denunciados debido a lo engorroso que resulta para las víctimas realizar este proceso y la desconfianza que tienen en las autoridades, lo que significa que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) desconoce 90 por ciento de los ilícitos que se perpetran en la capital del país, señala un informe de la comisión técnica para la transición de la citada dependencia a fiscalía.

En su diagnostico, la citada instancia expresa que en la práctica la PGJ fue diseñada para administrar o incluso vender impunidad, y enfrenta graves problemas de corrupción, desmotivación de sus funcionarios y opacidad, entre otros, lo cual explica la falta de confianza ciudadana y los pobres resultados de la institución.

En su análisis sobre las condiciones en que se encuentra la dependencia, subraya que estos problemas se fueron gestando durante décadas, y aunque se han ensayado soluciones, éstas no han sido efectivas o no fueron sostenibles, por lo que se requiere una solución de raíz: crear una nueva institución que defina sus prioridades con base en la ley y en una política de persecución criminal.

En el caso de las denuncias, el informe de la comisión establece que los mecanismos que ofrece la institución son insuficientes, opacos, lentos y permeables a la corrupción, de allí que tenga las tasas más bajas de denuncias en el país, lo que más contribuye a la mala reputación de la dependencia.

Sostiene que el hecho de que sólo 10 por ciento de los delitos sean denunciados representa una garantía de impunidad para los delincuentes y mantiene a la autoridad enfocada en una problemática que no representa la realidad.

El bajo número de denuncias en la ciudad se debe a que para las víctimas representa una pérdida de tiempo o es un trámite largo y difícil, además de la desconfianza y el trato hostil de la autoridad, explica el documento con base en datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

El peor calificado

Según ese mismo ejercicio, realizado en 2017, en uno de cada tres delitos denunciados, el Ministerio Público (MP) no inició la carpeta de investigación correspondiente, y en el caso de las que sí fueron iniciadas, en dos de cada tres no se registraron avances de ningún tipo.

Aunado a ello, en comparación con sus equivalentes en otras entidades, el MP de la Ciudad de México es calificado como el más corrupto del país y está a más de 23 puntos porcentuales del que es considerado el menos corrupto, que es el de Nuevo León.

En general, el informe advierte que la PGJ enfrenta problemas estructurales de arquitectura de procesos, sistemas informáticos, controles internos, ausencia de un servicio civil de carrera, además de corrupción.

Desde la recepción de una denuncia hasta la investigación y judicialización de asuntos que involucran delitos de alto impacto social, el éxito depende de la voluntad extraordinaria y solitaria de algunos servidores públicos empeñados en salir adelante contra un estado de cosas diseñado en la práctica para administrar o incluso vender impunidad y dejar a un lado la demanda de justicia de las víctimas de delito.