México es uno de los 10 países con el mayor número de personas encarceladas a escala internacional, de acuerdo con un reporte de la Comisión Global de Política de Drogas, organización integrada por 26 miembros, incluidos 14 ex jefes de Estado y cuatro premios Nobel.

En el informe Política de drogas y privación de libertad, la comisión de líderes mundiales recuerda que desde su establecimiento ha abogado por la despenalización del consumo de sustancias ilegales y porque a quienes han cometido un delito leve y no violento se les apliquen alternativas al encarcelamiento.

En el texto se detalla que en la actualidad hay más de 10 millones de personas encarceladas en el mundo. Una de cada cinco está presa por un delito relacionado con drogas y de estas 83 por ciento cumple condena por la simple posesión de alguna sustancia para uso personal.

La comisión considera que el encarcelamiento es un reflejo de la incapacidad de las políticas antidrogas basadas en la prohibición para lograr sus objetivos, así como del fracaso por la no aplicación de medidas que priorizarían la salud y los derechos de las personas y las comunidades por encima de la vía de la justicia penal, señala el documento recien publicado.

En el trabajo se reporta que los 10 países con el mayor número de personas encarceladas, sin contar a quienes se encuentran en detención administrativa, son Estados Unidos (2.1 millones), China (1.65 millones), Brasil (690 mil), Rusia (583 mil), India (420 mil), Tailandia (364 mil), Indonesia (233 mil), Irán (230 mil), México (204 mil) y Filipinas (188 mil).

Asimismo, el reporte detalla que algunos países, como Bolivia, Brasil, Ecuador y México, imponen de manera obligatoria la prisión preventiva en todos los delitos relacionados con drogas, independientemente de si se trata de una falta leve o grave

En paralelo se exhibe que la mayoría de los centros de tratamiento de adicciones en la República mexicana son de carácter privado.

En el país hay unos 2 mil centros de tratamiento residencial, pero sólo 43 son públicos.

Asimismo, señala que los estados tienen la obligación de registrar y autorizar las actividades de los centros privados de tratamiento de drogas; sin embargo, estudios han constatado que se cometen muchas violaciones de los derechos humanos en este tipo de instituciones en varios países y territorios de América Latina y el Caribe, incluyendo México.