La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó la protección de la justicia federal a una organización social, lo que obligará a las empresas mineras Buenavista del Cobre y Grupo México a reparar los daños ecológicos causados a las comunidades aledañas a la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi, ya que al considerar que ambas compañías son responsables del vertimiento de sustancias tóxicas en los caudales de estos afluentes en 2014.

Los integrantes de la primera sala aprobaron el proyecto presentado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, dentro del juicio de amparo 36/2017, en el cual los miembros de la organización Defensa Colectiva, Asociación Civil, reclamaron que ambas empresas mineras ocasionaron un severo daño al medio ambiente y a los ecosistemas de las aguas y tierras del estado de Sonora, lo que impactó el patrimonio de las personas que habitan las poblaciones y localidades de los municipios Arizpe, Banámichi, Aconchi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora y Ures.

Lo anterior, acusaron los solicitantes del amparo, porque “vertieron sulfato de cobre acidulado en las aguas de los ríos Bacanuchi y Sonora en cantidades suficientes para generar daño ecológico, además de haber desechado sustancias tóxicas, como cadmio, cromo, fierro, plomo, cobre, arsénico, aluminio y manganeso.

Con la resolución se busca que las empresas sean llevadas a juicio y realicen las aciones necesarias para restituir el medioambiente y todo ello se acredite mediante un procedimiento judicial; por ello consideraron procedente otorgar el amparo y protección de la justicia federal a la organización que representa los intereses de las comunidades afectadas.