Las disposiciones de la Ley de Austeridad Republicana que facultan al Presidente a decidir el uso que se dará a los recursos generados por esa estrategia no dan lugar a partida secreta alguna, afirmó Carlos Brown, coordinador del programa de justicia fiscal del Centro de Investigación y Análisis Fundar.

Dijo que aunque el Ejecutivo debe explicar el uso de dichos fondos, tampoco representa una buena noticia, pues únicamente continúan con el uso discrecional que se ha hecho desde siempre de las reasignaciones presupuestales.

Lamentó que más allá de poner por escrito en qué se usarán los fondos o afirmar que se apegarán al Plan Nacional de Desarrollo, sigue sin haber obligación para que las autoridades justifiquen realmente la pertinencia de esas decisiones.

Lo que sorprende es que esto sea nota, porque desde antes la Secretaría de Hacienda ya hacía reasignaciones presupuestales con total discrecionalidad. Lo único que dice la Ley de Responsabilidades Administrativas es que si el ajuste es mayor a 5 por ciento de la cantidad aprobada originalmente, se debe notificar al Congreso, pero éste no tiene mecanismos para saber si la modificación es correcta o no, precisó Brown.

Destacó que la Ley de Austeridad Republicana no está dando lugar a partida secreta alguna, pero sí representa una especie de oficialización de una vieja práctica basada en un poder completamente discrecional para dar o quitar recursos a las diferentes dependencias gubernamentales, sin explicar por qué.

El investigador subrayó que no basta con que el Presidente tenga que explicar después en qué utilizó los recursos obtenidos por concepto de ahorros, ya que siguen sin existir los criterios específicos mediante los cuales se pueda entender por qué Hacienda o el titular del Ejecutivo decidieron hacer alguna modificación al presupuesto.

Que esté por escrito en qué van a gastarlo es un avance, sí, pero es insuficiente si no sabemos la racionalidad de estas decisiones y cómo pueden impactar en la sociedad y la economía, insistió.