n las pasadas dos semanas se han dado acontecimientos relevantes vinculados con las fuerzas armadas. Uno de ellos, por supuesto, es el lanzamiento de la Guardia Nacional como una de las máximas apuestas del gobierno de la 4T, que pone en el centro al Ejército y la Marina como los pilares de la nueva corporación que tiene como principal mandato pacificar el país.

Junto con ello, el 30 junio se cumplió el quinto aniversario de una de las vergüenzas más emblemáticas del gobierno de Enrique Peña Nieto: la denominada masacre de Tlatlaya, cuando una patrulla militar hizo justicia por propia mano y por lo menos de 12 a 15 personas que ya se encontraban bajo su disposición fueron ejecutadas.

Los hechos fueron penosos, pero fue aún peor la operación política del más alto nivel que buscó ocultar lo sucedido. El propio general secretario, Salvador Cienfuegos, y el entonces gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, mintieron ante la opinión pública argumentando que todas las muertes habrían sucedido con motivo de un enfrentamiento y no un ajusticiamiento. Esto fue acompañado por un montaje en la escena del crimen, que fue manipulada.

Coincidencia histórica que el mismo día que se anuncia el despliegue de 70 mil efectivos de la Guardia Nacional, se conmemoran cinco años de esta emblemática violación a los derechos humanos. La pregunta es si el despliegue de militares y marinos –ahora bajo la denominada Guardia Nacional– no genera riesgos parecidos a la militarización de la seguridad que posibilitó hechos como los de Tlatlaya.

El tercer acontecimiento es lo informado la semana pasada por el subsecretario Alejandro Encinas, en el sentido de que los integrantes de la Comisión Presidencial para el caso Ayotzinapa se habrían reunido con el Ejército, particularmente con el general secretario Luis Cresencio Sandoval. Vaya información: el mismo Ejército que se negó a cooperar con el GIEI, el mismo que ocultó información sobre los hechos, el mismo que mintió sobre su presencia en dos momentos vinculados con los hechos trágicos de Iguala –en el Puente del Chipote y en la Clínica Cristina–, el mismo que tenía infiltrada a esa normal rural a través de uno de los propios 43 desaparecidos, Julio César López Patolzin.

Ese Ejército que denostó el papel del grupo de expertos, pero también de organismos internacionales como la CIDH y la ONU-DH en el caso, y que recién anunciada la creación de la Comisión Presidencial para el caso reaccionó abruptamente a través del general Alejandro Ramos Flores –jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena–, ahora bajo el mando de otro comandante supremo de nombre Andrés Manuel López Obrador, se reúne con los padres de familia y sus representantes que forman parte de la Comisión Presidencial.

Si bien la reunión por sí misma es de relevancia notable, pues me atrevo a decir que ningún general secretario se había reunido previamente con víctimas de violaciones graves a derechos humanos, la pregunta que no escapa por el propio papel del Ejército en la tragedia de Ayotzinapa, pero también en otras como la de Tlatlaya, es si la reunión implica un signo real de disposición institucional para dar con la verdad; si hay una instrucción explícita del Presidente de la República en su calidad de comandante supremo para que cooperen con los padres de familia de los 43.

No se trata de preguntas retóricas: militares podrían estar implicados activa o pasivamente en el caso Ayotzinapa, integrantes del vigesimoséptimo Batallón de Infantería con sede en Iguala podrían estar vinculados al entorno de macrocriminalidad en la región. ¿Es posible que se cometa en Iguala una violación tan grave como la de los 43 sin que el Ejército por lo menos tenga información relevante? Indudablemente que no, más aún, creo que militares podrían tener información de utilidad central para dar con la verdad en el caso.

En los anteriores dos sexenios el Ejército no ha sido llamado a la rendición de cuentas. Los gobiernos de Peña Nieto y Enrique Calderón asignaron a las fuerzas armadas papeles protagónicos que los llevaron a tener en la vía de los hechos preponderancia incluso sobre el poder civil.

Hoy la interrogante es qué tanto el estado de cosas ha cambiado a un año de la 4T. Las fuerzas armadas son los pilares de la nueva Guardia Nacional e incluso se les han brindado funciones como coordinar el programa de pipas que salió al paso frente al desabasto de combustible o la propia construcción de obras como lo es el nuevo aeropuerto de Santa Lucía.

Esperemos que ese papel protagónico en la vida política de la nación que siguen teniendo militares y marinos no sea óbice para que el Ejército sea llamado a la rendición de cuentas en historias que han marcado nuestro país como lo es Ayotzinapa y la propia ejecución sumaria de Tlatlaya.

Esperamos que se hagan realidad las palabras de AMLO, tanto en el sentido de que la nueva Guardia Nacional no violará derechos humanos como en lo dicho por el propio Presidente en el Zócalo en el sentido de que este gobierno no descansará hasta saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa. En efecto, en buena medida eso depende de su comandante supremo.