Pemex Exploración y Producción (PEP), Pemex Transformación Industrial (PTI) y Pemex Logística (Plog) decidieron no llevar a cabo la remediación de más de 4 mil 500 sitios contaminados por sus actividades en todo el país, lo que provoca riesgos sanitarios para la salud humana y de la flora y fauna de los lugares afectados, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Como parte de la entrega de los informes individuales correspondientes a la fiscalización de la cuenta pública 2018, la entidad revisora del gasto hizo ver que las empresas subsidiarias de Pemex trataron de evadir su responsabilidad al amparo de una resolución legal que las exime de limpiar derrames si fueron provocados por actos ilícitos.

En la auditoría 481-DE, la ASF destacó que a pesar de las obligaciones de PEP, Plog y PTI de remediar 4 mil 509 lugares que han sido afectados por sus actividades industriales, así como por la acumulación de residuos peligrosos o de manejo especial, las tres compañías se abstuvieron de hacerlo pese a que había un presupuesto de 7 mil 482 millones de pesos.

Las empresas trataron de justificar su inacción al apelar a un resolutivo de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que les permite no realizar el trabajo de remediación si se comprueba que los daños a un sitio fueron producto de derrames ocasionados por actividades fuera de la ley.

Sin embargo, dicho resolutivo pudo aplicarse en uno solo del total de sitios afectados por la contaminación, por lo que las empresas aún tienen la responsabilidad de limpiar los restantes 4 mil 508 lugares donde sus actividades generaron daño medioambiental.

De acuerdo con la ASF, PEP debía remediar 708 lugares en un total de 645.6 hectáreas por un costo calculado en mil 671.7 millones de pesos. En tanto, PTI debía intervenir siete lugares con una superficie de 285.5 hectáreas, para lo cual debía gastar 3 mil 152.3 millones de pesos.

Un ejemplo de lo anterior es la refinería de Salina Cruz, cuyo costo estimado de remediación, luego de la inundación y el incendio ocurridos en junio de 2017, simplemente nunca se dio a conocer por PTI.

Por todo lo anterior, la ASF concluyó que las tres empresas subsidiarias no han cumplido de forma cabal con sus obligaciones de caracterizar y remediar los sitios contaminados por fugas y derrames de hidrocarburos, así como por la disposición de residuos peligrosos, lo que provoca riesgos en la salud humana, la flora y la fauna del país.