Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial se reunieron con senadores que dictaminan la iniciativa para penalizar la expedición de facturas falsas y empresas fantasma, para proponer cambios que endurezcan las sanciones para ese delito fiscal, pero sin lesionar los derechos ciudadanos.

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, reveló que los empresarios presentaron una adenda, que se sumará a las iniciativas del morenista Alejandro Armenta y a otra que él presentó, encaminadas a atacar la evasión fiscal por facturas falsas que asciende a dos billones de pesos.

Se harán los ajustes, para que el sector empresarial se sienta tranquilo y cómodo y juntos vayamos por este gran cáncer, resaltó García Sepúlveda. Explicó que su iniciativa busca endurecer el castigo exclusivamente en la compraventa de facturas, a través de modificar el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación.

Ello a fin de que se imponga sanción de cinco a ocho años de prisión a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Con esa sanción de cinco a ocho años de prisión no van a tener la capacidad de pagar fianza, “aunque regresen lo robado no se les va a perdonar, porque hoy su transa es que avientan 100 facturas, se roban el dinero, los cachan, pero por una ‘te la pago y no entro a la cárcel’; y ahora, detectando una, vas para adentro”, precisó el legislador.

Se van a considerar las propuestas de los empresarios, pero se debe llegar a un punto medio entre ellos y los planteamientos de los senadores “para sacar adelante la reforma contra los factureros y empresas fantasma”, explicó.