Amnistía Internacional (AI) documentó que desde 2018 el gobierno estadunidense lleva a cabo una campaña, ilegítima y discriminatoria, de intimidación, amenazas, hostigamiento e investigaciones penales contra defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos y México.

La oficina para las Américas de AI dio a conocer ayer el informe Salvar vidas no es delito: Hostigamiento jurídico de motivación política ejercido por Estados Unidos contra quienes defienden los derechos humanos de las personas migrantes, en el que reveló que los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y el de Justicia hacen cada vez más un uso indebido del sistema de justicia penal para disuadir a activistas, abogados, periodistas y personas voluntarias que prestan ayuda humanitaria de cuestionar –o simplemente documentar– las violaciones a garantías que cometen de forma sistemática las autoridades de ese país contra migrantes y solicitantes de asilo.

Para elaborar el reporte, AI entrevistó a 23 defensores que detallaron las restricciones de las que han sido objeto debido a sus actividades. Diez de ellos fueron incluidos en una lista de control de vigilancia del DHS como parte de una cuestionable investigación penal sobre tráfico de personas.

En el informe AI advirtió que en lo que va de año las autoridades estadunidenses han enjuiciado penalmente a nueve voluntarios de la organización No More Deaths (No Más Muertes) por prestar ayuda humanitaria a migrantes y solicitantes de asilo en la frontera de Arizona con México, donde miles de personas han perdido la vida en las dos décadas recientes.

Entre los cargos más graves figuran los formulados contra Scott Warren, enjuiciado por los presuntos delitos de albergue y conspiración para transportar a dos personas migrantes, sólo por darles agua, comida y asistencia médica en el pueblo del desierto de Ajo, donde vive. La causa terminó en un juicio nulo el 11 de junio, pero los fiscales federales no han retirado los cargos en su contra.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, subrayó: La administración de (Donald) Trump ataca a quienes defienden los derechos humanos con el uso indebido y discriminatorio del sistema de justicia penal, precipitándose así hacia el autoritarismo. El gobierno se deshonra al amenazar e incluso enjuiciar a sus propios ciudadanos por su trabajo esencial para salvar la vida de personas en situación desesperada en la frontera.

El informe asentó que las autoridades de Estados Unidos han sometido a los defensores de garantías fundamentales a vigilancia injustificada, interrogatorios, registros invasivos, restricciones para viajar y, en casos aislados, a arresto falso y detención ilegítima.