oco antes de las siete de la mañana de este martes, los senadores aprobaron la Ley de Austeridad Republicana, que fue una de las promesas centrales del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicho texto, que ahora pasa a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación definitiva, busca regular el aprovechamiento que de bienes públicos ha hecho históricamente la mayoría de los servidores públicos de mediano y alto nivel. Justamente ese abuso institucionalizado, y su evidencia pública, constituyeron bases firmes de enojo social sobre las cuales se construyó el aplastante triunfo electoral de AMLO el año pasado.

Mal se habrían visto los políticos legisladores si no hubieran aprobado ordenamientos de esa índole (propósitos, en lo general, absolutamente plausibles), pero aun así hubo 29 indicativas abstenciones senatoriales frente a 74 sufragios a favor y ni un voto en contra. En realidad, la atención y las críticas se centraron en la parte final del artículo 61, que establece que los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas (las correspondientes a las políticas de austeridad) deberán destinarse en los términos de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular.

Las nueve palabras postreras han causado de inmediato una explicable insatisfacción. Plantean una forma de retorno de una práctica formalmente erradicada: la facultad discrecional del presidente de la República de decidir el destino de cuantiosos recursos públicos. Así sea con variantes de las que enseguida se hablará, es inaceptable que se establezcan estas medidas de aplicación personalísima. La rueda de la transparencia y la entrega de cuentas sobre lo público debe girar hacia adelante, no hacia atrás. Que no se destine por decreto lo que debería decidir y vigilar el Congreso.

Hay dos diferencias que no pueden dejarse de lado: en ese pasado, que ocuparon gobernantes del PRI y del PAN, la disponibilidad de esos recursos era absolutamente opaca, virtualmente clandestina, sin rendir cuentas a nadie ni emitir una sola línea de publicitación o compromiso (esa partida secreta podía ser depositada sin problemas en el bolsillo o la chequera del presidente en funciones). En la hipótesis ya aprobada en el Senado, y que en San Lázaro podría ser corregida o eliminada, el direccionamiento de esos ahorros tendría que consignarse en un decreto presidencial, lo cual hace públicos los montos, los destinos, los compromisos y los fundamentos de tales decisiones. No serían tales montos una bolsa susceptible de raterías como en el pasado que apenas fue eliminado de manera formal en abril del año en curso, ya con la mayoría morenista como factor dominante del Congreso federal.

Por otra parte, el talante de quien ahora ocupa la silla presidencial es marcadamente distinto al de sus antecesores. No hay un solo indicio de corrupción en el paso por cargos públicos de López Obrador y ello hace suponer que el manejo de los presuntos ahorros no estará exento de ese sello de honradez personal aunque, en otro plano, también es evidente que la aplicación por decreto de tales economías podría servir para fines asistenciales-electorales y para financiamiento de las obras estratégicas del desarrollismo sexenal, sobre todo en el sur del país.

Aun cuando, como se ha dicho, las circunstancias actuales son distintas, no está de más recordar episodios como el sucedido en 2006 y difundido mediáticamente en 2009, con Luis Téllez como involuntario protagonista, pues habló del tema mientras estaban grabándose sus comentarios en un aparato ajeno al que había marcado sin darse cuenta. En esa ocasión, Téllez, quien había sido alto funcionario con Ernesto Zedillo y con Felipe Calderón, acusó abiertamente a Carlos Salinas de Gortari de haberse robado la mitad de la cuenta secreta.

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