La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dirigió a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México la recomendación 03/2019 por la muerte de tres personas bajo custodia ministerial en 2014, lo que derivó en la afectación de ocho familiares de manera indirecta.

Nashieli Ramírez Hernández, presidenta del organismo, precisó que cuenta con 15 días hábiles para responder a la recomendación emitida por violaciones a derechos humanos a la vida de las personas, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la integridad personal.

Se trata, precisó, de la sexta recomendación emitida por el suicidio de detenidos en la zona de galeras de las áreas ministeriales, por una deficiente vigilancia y ausencia de medidas de prevención, aun cuando estaban bajo custodia del Estado.

Pese a aceptar dos recomendaciones en 2009, dos en 2012 y una en 2014, la procuraduría sigue siendo omisa e indiferente en las acciones que debe implementar para evitar la pérdida de otras vidas, lo cual ha afectado la integridad sicoemocional y el proyecto de vida de las víctimas indirectas.

En la presentación de la recomendación por la primera visitadora, Hilda Téllez Lino, señaló que las tres víctimas se suicidaron en circunstancias aisladas entre sí, pero con el mismo patrón: bajo el resguardo de las autoridades ministeriales encargadas de salvaguardar su seguridad.

La razón principal que motiva esta recomendación es que cuando una persona está detenida, la institución responsable de la detención es garante de su integridad personal, por lo que las medidas de prevención y cuidado deben ser redobladas.

Agregó que entre los siete puntos recomendatorios dirigidos a la PGJ está el que genere y ejecute un plan integral individual de reparación para seis de los familiares de las víctimas y otras dos reciban tratamiento sicológico especializado, cubriendo los gastos y traslados.

Además, realizar un acto público de disculpa y reconocimiento de responsabilidad de violaciones a derechos humanos, implementar medidas de no repetición e informe de manera general las medidas de reparación implementadas para dos de las víctimas.

Asimismo, elaborar una ruta permanente de prevención y atención del suicidio, y la revisión de las actuaciones de personal ministerial en relación a las personas en detención o retención, indicó.