El ministro Luis María Aguilar señaló que como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Na-ción (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar varios arqueos y no encontró nada.

Las auditorías se realizaron a los programas sustantivos de ambas instituciones, entre ellos los de construcción de infraestructura. En una nota informativa expresó que esta solicitud fue hecha guiado por dos razones: “La primera, porque soy un convencido de que la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción y, segunda, porque se trata de recursos que provienen de los impuestos de los ciudadanos.

Un tribunal constitucional no puede, por esencia, conducirse fuera de estos parámetros. Muestra de ello, agregó, la ASF concluyó que se cumplió con las disposiciones legales en el manejo de recursos del ejercicio fiscal 2018 y que no hubo irregularidades en los fondos de fideicomisos y recursos federales canalizados a la construcción de algunos centros de justicia en el país en el último año de gestión. Asimismo, hizo públicos los resultados del Informe de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del año pasado, que incluye la revisión de los fideicomisos que se publican periódicamente en el Diario Oficial de la Federación.

Por ejemplo, en el caso del dictamen de Fondos y Fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que se emitió el 10 de junio de este año, el ministro Aguilar Morales asegura que no se menciona ninguna desviación o uso indebido o no justificado de los montos de los fideicomisos revisados, sino, en todo caso, lo contrario, poca disposición de ellos.

De los 11 fideicomisos y un fondo en los que participan los órganos del PJF, indica que al 31 de diciembre de 2018, en conjunto, mantenían un saldo de 15 mil 514 millones 113 mil pesos, y las erogaciones en ese mismo ejercicio ascendieron a mil 23 millones 613 mil pesos.

Lo anterior, señala el documento, representa que del total de los recursos disponibles en los fondos y fideicomisos, sólo se utilizó 6.6 por ciento, circunstancia que se ha presentado en por lo menos los últimos 10 ejercicios, en los que, en promedio, se ha utilizado 4.9 por ciento del saldo total de dichos instrumentos jurídicos, en virtud de que su constitución, operación, administración y extinción se rigen por Acuerdos de sus Órganos de Gobierno que no se ajustan a los criterios de austeridad y racionalidad que limiten su ejercicio, duración y captación de recursos.

En el caso del Proyecto Integral para la Construcción de un Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora y Ensenada Baja, California, los dictámenes del 12 de junio de este año, la ASF concluye que en términos generales, el CJF cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables.