La presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios Prieto, aseguró que aunque las dos empresas de siempre –IUSA y Conymed– hayan ganado nuevamente la reciente licitación de watthorímetros o medidores de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), también se adjudicaron contratos a otras dos compañías, se lograron ahorros al erario por 600 millones de pesos porque se gastó 18 por ciento menos que en 2018 para el mismo fin y los precios de la licitación fueron menores en 20 por ciento a los de 2016.

El éxito de una licitación no se mide en función de si gana o no una empresa determinada, sino de potenciar el presupuesto. Aunque triunfaron los de siempre, se logró más participación, más empresas adjudicadas y ahorros. A mi juicio, la CFE nos da una buena lección a todos con ese caso, puntualizó la funcionaria en un comentario que emitió en su cuenta de Twitter sobre los resultados de la licitación que la comisión dio a conocer la semana pasada.

Sostuvo que aunque no gustó a varios que empresas con alta participación de mercado estuvieran de nueva cuenta entre las seleccionadas, deben entenderse dos circunstancias: Por una parte, son las que tienen más fuerza para competir agresivamente (tienen la infraestructura para ofrecer grandes cantidades y pujar por los precios más bajos); por otra, legalmente no se puede impedir a ninguna compañía participar en un concurso público mientras no se haya desahogado un procedimiento administrativo que diga lo contrario.

Alejandra Palacios dijo que no se pronunciará sobre la investigación que la autoridad investigadora de la Cofece comenzó por denuncia, desde octubre de 2017, por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de producción, distribución y comercialización de los watthorímetros adquiridos por la CFE, ya que sigue su curso.

En cambio, destacó que el contenido y diseño de las bases de las licitaciones públicas dan la oportunidad al gobierno de comprar al mejor precio posible, cerrar o abrir las puertas a la competencia y facilitar la corrupción y colusión entre las empresas.

La CFE y la Cofece, apuntó, intercambiaron ideas sobre las bases para la licitación de medidores de 2019. El organismo antimonopolios hizo varias recomendaciones a la empresa productiva del Estado, como duplicar por lo menos los tiempos de entrega de 45 a 90 días para que las pequeñas empresas tuvieran oportunidad de competir; se revisaran las patentes de los aparatos requeridos, porque los requisitos o especificaciones particulares que la CFE establecía eran casi idénticos al patentado por la empresa dominante en el mercado, y que dividiera la licitación para que no hubiera un sólo ganador y se desarrollaran proveedores alternativos.

Palacios sostuvo que las bases fueron modificadas y contribuyeron a los resultados de la mencionada licitación, ya que la entrega de los medidores se estableció en plazos de 90, 120 y 150 días a partir de la formalización del contrato; se modificaron algunos requisitos técnicos y se anularon otros; se estableció dividir la adjudicación en 80 y 20 por ciento a dos proveedores con diferenciales de precio de 5 por ciento, aunque al final el resultado sólo fue de 2 por ciento y el mecanismo de adjudicación fue electrónica y de subasta a la inversa, en el que los concursantes ofrecían descuentos sobre un precio de referencia en una o más pujas.