Dar la muerte, no matar
l sistema social que nos mata de a poquito, que dijera la inmortal Violeta Parra, impone reglas para fortalecer estructuras de obediencia y explotación, no para el desarrollo de las personas, en una torpe visión que manda a la cárcel a quien ayuda a bien morir, no a asesinos de sueños ni a ladrones intocables. Disponer libremente de la propia vida, prohibido; arruinar impunemente la de otros, tolerado.
Con motivo de la muerte voluntaria de María José Carrasco con la ayuda de su marido, Ángel Hernández, en abril pasado, la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), de España, publicó una declaración oficial que compartimos a propósito de la urgente despenalización de la muerte asistida. María José Carrasco, de 69 años de edad, padecía una esclerosis múltiple desde 1989, una enfermedad degenerativa que en los últimos diez años la hizo dependiente para todas las actividades de la vida diaria. Desde hace años, a causa de los sufrimientos que le provocaba su enfermedad, Ma. José expresó de forma reiterada y firme su voluntad de morir. Estaba en plenitud de facultades mentales y era, por tanto, dueña de su vida y de su cuerpo. Incapaz de mover las manos, solicitó la ayuda de su marido para cumplir su deseo de morir.
“En una sociedad democrática, basada en el respeto a la libertad individual y la pluralidad, resulta inaceptable que ayudar a una persona a disponer de su vida libremente esté castigado en el Código Penal. Defender el derecho a la vida no justifica obligar a una persona a vivir una vida deteriorada, con un sufrimiento inadmisible y que ya no desea. “El acto de Ángel Hernández de ayudar a morir a su mujer, a la que cuidó durante décadas, sólo puede entenderse como un acto de amor que no debería recibir ningún reproche penal. La asistencia a las personas más vulnerables, como Ma. José, con respeto a sus valores y a sus decisiones, es una medida de la calidad humana de una sociedad civilizada.
En ninguna otra cuestión hay tanta distancia entre los deseos de la ciudadanía y la legislación como en la regulación de la muerte asistida. Más de 80% de la población está a favor de despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Sin embargo, el artículo 143 del Código Penal sigue castigándola con prisión. DMD exige a los futuros diputados y diputadas que regulen y despenalicen la eutanasia urgentemente. Hacerlo se ha vuelto ya un imperativo moral.
