Las fuerzas políticas en el Senado llegaron a un acuerdo en torno a la Ley Nacional de Extinción de Dominio y se aprobó en comisiones el dictamen de esa legislación que permitirá al Estado mexicano disponer de manera ágil y expedita de bienes ilegales de narcotraficantes, huachicoleros y aquellos obtenidos por funcionarios a través de la corrupción.

Se logró un gran acuerdo para aprobar este instrumento, que es clave para atacar la columna financiera de la delincuencia, del crimen organizado y otros delitos relacionados con la inseguridad, destacó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.

A su vez, los presidentes de las comisiones de Justicia, Julio Menchaca, y de Estudios Legislativos Segunda, Ana Lilia Rivera, así como Damián Zepeda, del PAN, y el coordinador perredista, Miguel Ángel Mancera, coincidieron en que se hizo un gran esfuerzo a fin de encontrar un balance para lograr que las fortunas y los bienes obtenidos de manera ilegal sean recuperados por el Estado, pero sin lesionar los derechos de los ciudadanos.

La oposición presionó para que el nombre del organismo que sustituirá al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes sea Instituto de Administración de Bienes y Activos, en lugar de Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, como propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El senador Menchaca comentó que confía en que el dictamen se apruebe por unanimidad el lunes, ya que el documento base fue modificado sustancialmente para que la extinción de dominio sea aplicable en todo el país.

Hizo notar que este fin de semana los senadores trabajarán sobre cuatro o cinco puntos pendientes. Igualmente, la senadora Rivera detalló que se garantiza la seguridad jurídica de las personas, porque se establece con precisión cuáles serán los ilícitos que darán lugar a la extinción de dominio, de conformidad con el artículo 22 constitucional.

Uno de los pendientes es la definición precisa del concepto de buena fe. Al respecto, el senador Zepeda precisó que es un punto relevante, ya que la ley plantea que quien actúe de buena fe está protegido y se refiere, por ejemplo, a casos en que una propiedad sea usada por el crimen organizado, pero sin el conocimiento del dueño.

El panista expuso que trataron de acotar al máximo las normas, con el fin de evitar abusos del gobierno contra ciudadanos.

Mancera resaltó que se tendrá una ley nacional sobre la materia, que permite una menor carga financiera al Estado sobre los bienes asegurados. Se evitarán, dijo, costos o deterioro, ya que los bienes podrán venderse de forma anticipada.

Destacó también la creación de una cuenta para concentrar los recursos producto de ventas anticipadas de los bienes del crimen organizado y de los funcionarios corruptos.