Durante 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto habría utilizado de forma presuntamente irregular un total de 10 mil 245 millones de pesos –los cuales aún deberán ser aclarados por las autoridades–, y entre los principales casos de fallas u omisiones en el ejercicio de los recursos se encuentran los de la rehabilitación de plantas de fertilizantes, la atención a los damnificados por los sismos de 2017 y la asignación de recursos para servicios de salud.

Al presentar ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados los informes individuales correspondientes a la primera entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2018, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, también anunció que la próxima semana presentará una serie de denuncias penales por irregularidades cometidas en años recientes.

Luego de detallar que en la primera entrega de los estudios elaborados al último año de gobierno de Enrique Peña Nieto se realizaron 268 auditorías –que representan 17 por ciento de las mil 572 programadas para 2018–, el funcionario destacó algunos temas que consideró de especial relevancia.

Uno de ellos, indicó, es que en la rehabilitación de las plantas de fertilizantes nitrogenados en Veracruz se identificó la pérdida de 212.6 millones de dólares por deterioro del valor de tres plantas, falta de liquidez y endeudamiento de Pemex Fertilizantes y que no se contó con personal capacitado.

Por otra parte, al revisar el proceso de reconstrucción tras los sismos de 2017, se observó que el Estado no garantizó que los donativos fueran entregados en beneficio de la población damnificada; existieron limitaciones en la normativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para regular y supervisar los fideicomisos, y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial careció de un padrón confiable sobre las viviendas afectadas.

Otro caso destacado por Colmenares es la fiscalización del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud –recursos federales transferidos a las 32 entidades federativas para consolidar los sistemas estatales en el sector–, en el que se observó un monto irregular de 4 mil 935.2 millones de pesos. Las dos entidades con mayores señalamientos fueron Oaxaca (mil 446.3 millones) y Chiapas (mil 68.1 millones).

El funcionario agregó que, como consecuencia de los 268 informes individuales de auditoría se emitieron un total de mil 497 observaciones, de las cuales 629 son recomendaciones, 13 solicitudes de aclaración, 392 pliegos de observaciones, 28 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 435 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias.

Asimismo, anunció que la semana pasada la ASF ya presentó dos denuncias penales derivadas de los análisis de las tres cuentas públicas más recientes (2015, 2016 y 2017) y que la próxima semana se presentará un nuevo paquete con más señalamientos.

Recalcó que con la presentación del estudio de la cuenta pública 2018 da inicio el proceso de notificación a las dependencias involucradas. Las denuncias penales derivadas de las fallas ocurridas el año pasado se presentarán, aseveró, cuando se cuente con todos los elementos para ello.

Colmenares destacó también que la ASF está en posibilidades de avanzar contra el fenómeno de las empresas fantasmas y remediar las afectaciones fiscales de sus operaciones simuladas, y denunció que en muchos estados sigue evadiéndose el pago de la tenencia vehicular al registrar las placas de automóviles en entidades donde no existe dicho trámite.