n mis tres entregas anteriores sobre el campo mexicano plantee: a) que es crucial reconstruir la relación entre comunidades rurales y el Estado, b) que desde un punto de vista demográfico y de fuentes de ingreso han ocurrido cambios drásticos en el campo, c) que el mecanismo de gobernabilidad en el campo fue modificado profundamente a través de muchos procesos ocurridos antes de las reforma constitucional de 1992.
Los mecanismos de gobernabilidad sustentados en el papel protagónico del Presidente de la República en la entrega de tierras, la función de reguladora y mediadora en los conflictos agrarios de la Secretaría de la reforma agraria (SRA) y la intermediación e inteligencia política ejercidas por las organizaciones campesinas corporativas fueron transformada con las reformas de 1992.
El Presidente perdió la capacidad de repartir tierras y, en consecuencia, de jugar un papel articulador de la gobernabilidad rural. La Secretaría de la Reforma Agraria se debilitó considerablemente con el surgimiento de dos nuevas instituciones: la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios. Una tercera institución, el Registro Agrario Nacional (RAN), que ya existía, alcanzó un estatus mucho mayor. Las centrales oficialistas enfrentaron una verdadera competencia con varias organizaciones campesinas nacionales y regionales con mayor capacidad de movilización y mayor representación.
Mientras la reforma constitucional de 1992 se estaba votando en el Congreso e implementando en todo el país en los siguientes 25 años, ocurrían varias transformaciones en el sistema político: una consistente decadencia en donde el centro político se desmadeja, una emancipación gradual y discontinua tanto de las entidades federativas como de franjas de la sociedad, al tiempo que opera la colonización de franjas del aparato estatal o del territorio nacional por un sinnúmero de poderes fácticos. El mayor impacto de las transformaciones políticas sobre el sistema ejidal que emergió después de 1992 fue la profundización de la desintegración, el resurgimiento de los mercados negros y una aguda crisis de gobernabilidad rural.
Entonces, la pregunta ahora es: ¿hacia dónde ir? ¿Por dónde empezar?
Los datos demuestran una vez más que las sociedades agrarias son persistentes, resilientes y adaptables.
Los intentos por despojar a las sociedades agrarias con el argumento de la modernización han enfrentado dos barreras infranqueables.
La primera es la propia naturaleza de los mercados de tierras. En ninguna parte, en ninguna época, existe un mercado unificado nacional de tierras. Lo que existen son mercados regionales y locales de tierras. Estas instituciones son, además, el ejemplo más acabado de la imperfección del mercado: fragmentado y con profundas asimetrías de información. Para corregir la imperfección del mercado se requieren intervenciones públicas. Implican leyes o decretos. O ejercicio de la violencia para despojar a las comunidades de sus tierras. Las sociedades agrarias reaccionan ante los intentos de despojos con una enorme reserva de flexibilidad y adaptación al nuevo contexto.
La segunda barrera es la resistencia multiforme de las sociedades agrarias, bajo la adaptación, usando los instrumentos legales disponibles, y bajo la impugnación, a partir de movilizaciones que buscan y generalmente logran modificar la correlación de fuerzas.
Las sociedades agrarias no son vestigios del pasado, sino testimonios lacerantes de un presente injusto que las margina. Pero podrían ser faros de un futuro de prosperidad inclusiva.
Hay dos caminos: intentar –una vez más– desposeerlas de sus recursos o reconocer su potencial productivo, su base cultural, sus redes de cooperación y solidaridad, y desde esa plataforma impulsar el rescate del campo mexicano. Y la recuperación del territorio para el Estado y para la sociedad.
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