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Aún se vulnera a pueblos indígenas en Chiapas: ONG
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 29 de junio de 2019, p. 25

San Cristóbal De Las Casas, Chis., El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), con presencia en 11 municipios de norte y Altos de Chiapas, exigió al gobierno federal respetar y cumplir el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y realizar consultas amplias, siguiendo el protocolo que establecen los estándares internacionales para la construcción de megaproyectos que afectan a los pueblos indígenas.

En un comunicado, aseguró que las consultas hechas por el gobierno federal no han respetado el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa, libre e informada de buena fe y culturalmente adecuada, pues no han llegado a los directamente afectados.

Señaló que la militarización en las comunidades, con el nuevo nombre de Guardia Nacional, es un instrumento de represión a la organización del pueblo.

Manifestó que se pretende imponer el proyecto de la carretera San Cristóbal-Palenque, obligando y amenazando a las comunidades a firmar, así como a nuestras autoridades comunitarias, usando la presión política y económica para que consigan firmas para la liberación del derecho de vía para la autopista.

El Modevite, que impulsa la autonomía y los gobiernos comunitarios sin la participación de partidos políticos, exigió que se respete la libre determinación de los pueblos indígenas de Chilón y Sitalá”, y se rehabilite la carretera existente que comunica a San Cristóbal con Palenque.

Demandó que haya progreso para nuestros pueblos preservando su territorio, ríos, tierra, animales, idioma y su cultura, pues ya basta de engordar al capital privado, a las trasnacionales y a los políticos corruptos.

Dijo que a siete meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador seguimos viendo que en Chiapas aumenta el número de cantinas y la trata de mujeres que trabajan en ellas; el narcotráfico y el consumo de drogas, la violencia y el crimen organizado, la corrupción, los proyectos extractivistas que contaminan el suelo, subsuelo y sobre todo a la población, empobreciendo más a las personas más vulnerables.

Añadió que a pesar de que muchas organizaciones defensoras de la vida y de centros de derechos humanos e indígenas que se esmeran día a día por resolver estos asuntos, el gobierno sigue manifestando que su interés político, económico y social no responde a las necesidades reales del pueblo.

Denunció además la agresión verbal e intimidaciones a los integrantes del Modevite por grupos armados enviados por autoridades municipales para detener nuestro trabajo en defensa del territorio.