El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) reiteró su llamado a que los órganos legislativos de los estados hagan las reformas correspondientes para reconocer el matrimonio sin discriminación a todas las personas, al tiempo que Naciones Unidas instó al gobierno y la sociedad mexicanas a luchar por la plena inclusión de las lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI).

El Conapred resaltó que en 15 estados aún se requiere que las parejas del mismo sexo promuevan juicios de amparo para poder casarse.

Por ello, instó a las autoridades estatales a que reconozcan y acaten las decisiones jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionadas con el reconocimiento de la unión entre personas del mismo sexo.

Actualmente, nueve entidades incluyen el matrimonio igualitario en su legislación: Ciudad de México, Campeche, Coahuila, Colima, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo e Hidalgo.

Cinco entidades reconocen este derecho a través de una acción de inconstitucionalidad resuelta por la SCJN: Jalisco, Chiapas, Puebla, Nuevo León y Aguascalientes. En tanto, Chihuahua oficia uniones entre personas del mismo sexo pese a la ausencia de adecuación normativa y, en Oaxaca, algunas oficinas del Registro Civil los celebran siguiendo la resolución de 2015 de la Suprema Corte.

Sin dejar a nadie

El Conapred hizo mención aparte del Congreso de San Luis Potosí, que el 16 de mayo pasado aprobó el dictamen que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Por su parte, el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, Lorenzo Jiménez de Luis, llamó a los gobiernos, el sector privado y la sociedad en general a luchar por la plena inclusión de los grupos de diversidad sexual.

Durante el acto Los colores del desarrollo: sin dejar a nadie atrás, detalló que 3.2 por ciento de la población mexicana de 18 años y más que se autoidentificó como no heterosexual expresó que la meta es construir entornos en los que todas las personas posean el derecho a no ser objeto de violencia, persecución, discriminación y/o estigmatización.

Advirtió que ello no será tarea sencilla, toda vez que las exclusiones duras (aquellas que están asociadas al trato desigual, la violencia o la estigmatización por condición de género, orientación sexual, discapacidad, entre otros) llevan a que los individuos o grupos sean total o parcialmente apartados de una participación plena en la sociedad en la que viven.

Con información de Ana Langner