l 18 de junio pasado, el presidente López Obrador al referirse al apoyo de su gobierno a la cultura –que él de manera reductiva define como lo que tiene que ver con los pueblos– sostuvo que: nunca los pueblos originarios, los integrantes de nuestras culturas habían sido atendidos como ahora, pues el objetivo preferente de los programas sociales son los pueblos indígenas.

Esa concepción es justo la que rechazaron integrantes de 20 pueblos: maya, chuj, yaqui, zapoteco, ñuu savi, tseltal, ch’ol, mam, rarámuri, ikoot, ikojt, ñahñu, ñuhú, nahua, chatino, ayuuk, totonaco, lacandón, me`phaa y zoque, reunidos en la Ciudad de México el mes pasado para analizar la situación en que se encuentra la defensa de sus territorios ante el nuevo gobierno. Reivindicaron con orgullo ser pueblos originarios, sujetos colectivos, con una cultura e identidad propia y se opusieron a ser tratados por Presidencia como pobres individuales, necesitados de asistencia.

Por eso cuestionaron que los programas de bienestar están dirigidos exclusivamente a individuos, mientras no hay apoyos que fortalezcan las comunidades agrarias o indígenas, ni los ejidos, ni otras formas de organización que han sido la base agraria sobre la que los habitantes originarios han mantenido sus identidades, sus sistemas normativos, sus instituciones, en fin su cultura.

Analizaron que la correlación de fuerzas para la defensa del territorio no ha mejorado con el gobierno de la 4T. El principal problema que enfrentan los pueblos indígenas en la actualidad es la disputa por sus asentamientos, de los que quieren apropiarse tanto las empresas, como el gobierno, el crimen organizado o todos en combinación.

Para los pueblos el territorio es la condición que garantiza su sobrevivencia y que posibilita ejercer su libre determinación, por eso en su defensa les va la vida.

Pero los proyectos que los amenazan como la minería, las presas hidroeléctricas y termoeléctricas, los generadores eólicos, las explotaciones petroleras y de hidrocarburos, los gasoductos, los grandes proyectos de infraestructura se mantienen, con excepción de la prohibición presidencial al fracking que consideran un acierto.

Revisaron las declaraciones del presidente López Obrador sobre los proyectos energéticos y extractivos y encontraron que en la minería las concesiones –que según cifras presidenciales invaden 30 por ciento del territorio nacional– se respetarán, aunque no se otorgarán nuevas. Sobre las presas hidroeléctricas el jefe del Ejecutivo declaró también que no se construirían nuevas, sino se modernizarán las 60 existentes que trabajan muy por debajo de su capacidad.

Los proyectos siguen

Pero en ciertos casos como en la presa El Zapotillo, en Jalisco, han visto que su construcción se ha reiniciado.

El proyecto de la termoeléctrica de Huexca definió la relación del gobierno con los defensores del territorio, pues el rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), prioridad del actual gobierno para avanzar en la soberanía energética se colocó sobre los derechos indígenas al territorio. Las comunidades que han detenido los pasos de gasoductos se sienten emplazadas. Las leyes energéticas y extractivas que durante los sexenios neoliberales legalizaron este despojo de las tierras y bienes naturales de los pueblos indígenas y campesinos no se derogarán, ni se restituirán a las comunidades sus bienes.

A esos proyectos se suman los nuevos proyectos federales para modernizar el sur-sureste del país, como el tren Maya, el corredor multimodal transístmico, la refinería Dos Bocas, que se planean ubicar en territorios ancestrales y afectarían las formas de vida, futuro y territorios de miles de comunidades. Por ello sería imprescindible obtener su consentimiento o respetar su rechazo, sin embargo este gobierno ha vulgarizado el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, llegando al extremo de realizarla como opinión de asistentes a una reunión, sin representatividad y con participación de quienes no serán afectados, sin información ni análisis, sin discreción y polarizando las opiniones y a mano alzada. Tal como los ñu savi expresaron nos quitan la posibilidad de ejercer nuestra libre determinación.

La violencia en las comunidades no ha cesado. El asesinato a los defensores del territorio sigue siendo una constante, sin importar que el nuevo gobierno haya prometido que no habrá más persecución política a los opositores.

La impunidad en la que se mantienen los crímenes de los ecologistas indígenas abona a que la violencia continué y a que los narcoparamilitares hagan el trabajo sucio a los invasores del territorio para deshacerse de quienes estorban a los proyectos.

Frente a este panorama sostuvieron que los pueblos originarios han resistido por cientos de años y no bajarán ahora la guardia. Se mantendrán organizados para defender sus bienes naturales, y la vida en sus territorios.