La regulación legal de las drogas desde el Estado ayudaría a finalizar los crímenes y las violaciones a derechos humanos que se generan por las políticas prohibicionistas y combate al tráfico ilegal, aseguró Zara Snapp, cofundadora y directora del Instituto RIA, organización civil especializada en políticas públicas sobre drogas, entre otros asuntos.

En conferencia magistral, en el foro Del prohibicionismo a la reducción de daños en el uso social de drogas, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, y la alcaldía Iztapalapa, la especialista presentó diversas gráficas con información de México y global, las cuales evidencian el fracaso de la política prohibicionista.

Señaló que México tiene la oportunidad de cambiar el paradigma y su forma de pensar, donde en lugar de ver el tema de los cultivos de cannabis (y amapola) como algo negativo y hasta delincuencial, poder abordarlo como una oportunidad de desarrollo económico en zonas rurales, pues las grandes ganancias no se quedan en los países productores.

Además, a lo largo del día, académicos, funcionarios públicos y representantes de organizaciones civiles conocedores del tema, señalaron que desde hace más de una década el consumo de drogas tiende a una disminución en la edad de inicio, el aumento del consumo entre adolescentes y una importante incursión de las mujeres, sobre todo las jóvenes.

Plantearon la urgencia del diseño e implementación de políticas públicas donde no se criminalice al usuario, se respeten sus derechos humanos y exista un mercado regulado de las drogas, que deberán ser establecidas con claridad jurídica desde el Congreso.

Organizado en el contexto del Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas, el foro hizo un balance de los compromisos asumidos por México en las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de estrategias.

México no presenta un panorama muy alentador en varios temas, entre ellos la reducción de la oferta y la demanda de drogas, mejorar el acceso de medicamentos controlados y restringir su desvío al mercado ilegal, respeto a los derechos humanos de todas las personas que se ven involucradas en este proceso de oferta-demanda, e intervenir con poblaciones expuestas a situaciones de alta vulnerabilidad, principalmente jóvenes.