Para establecer la prohibición del cultivo de organismos genéticamente modificados (OGMs) en el país y profundizar en medidas de bioseguridad, decenas de personas y organizaciones pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador emita un decreto, ya que es prioritario proteger los bienes comunes, las semillas y la diversidad biocultural.

Esto indicaron en una carta Miguel Concha Malo, el pintor Francisco Toledo, los chefs Enrique Olvera y Mónica Patiño, campesinos y académicos, quienes reconocieron el planteamiento del mandatario de que no se permitirá el uso de transgénicos.

Expusieron que con un decreto se pueden establecer las condiciones de una política integral de bioseguridad en México, que incluya legislación y acciones de gobierno que aseguren los derechos y la preservación de la integridad de México como centro de origen del maíz y de otras especies fundamentales para la alimentación mundial, humana y animal.

En la misiva dirigida al mandatario destacaron que la petición se deriva de más de 20 años de lucha contra la introducción de los OGMs, sobre todo en el maíz, alimento básico de los mexicanos. Con la demanda colectiva se logró la suspensión judicial de los permisos para la liberación de maíces transgénicos en todo el país, mediante una medida precautoria otorgada por un juez federal en 2013.

Recordaron que también hay una lucha judicial contra la siembra de soya transgénica por la grave afectación a las abejas y familias que realizan la producción de miel en el sureste del país. Y hay rechazo a la siembra de algodón genéticamente modificado, por ser México país de origen de alguna de las especies más utilizadas en el mundo, en cuyas poblaciones silvestres ya hay transgenes, por lo cual están en riesgo la conservación de su diversidad y la de las razas nativas.

Precisaron que el decreto que se solicita se basa en la evidencia acumulada en el mundo sobre esta tecnología y se funda en los principios de precaución y participación ciudadana que facultan al Estado a ejercer medidas legales de protección contra las amenazas de daño grave o irreversible por el uso de tecnologías.

Refirieron que el dictamen deberá considerar la señalización en las tiendas y almacenes Diconsa que el maíz a la venta es sólo para consumo y no para siembra; la moratoria a las importaciones de maíz procedente de Estados Unidos y otros países donde ese cultivo predomina; hacer monitoreo de transgénicos de manera sistemática en todo el país; fomentar la investigación en materia de bioseguridad; evaluación de impacto de los OGM en la salud, y revisar el reglamento interno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Pidieron a los legisladores una reforma integral de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados –también conocida como Ley Monsanto– para proteger las especies de las que México es centro de origen y mantener un órgano en la materia que sea fortalecido con esta legislación.