or un sinnúmero de despachos contables de años atrás circuló la buena nueva, y éstos la difundían entre su clientela para que la llevara a la práctica. La oferta era sencilla: dime cuánto quieres deducir de impuestos y yo te hago la factura por el monto indicado; a cambio, me pagarás el porcentaje equivalente al IVA.

Y en ese ambiente moderno se dio el boom de la industria de facturas apócrifas que causó severos estragos al erario nacional. El numerito no resultaba novedoso (recuérdese el viejo truco de los magos de la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la CDMX), pero sí se expandió de forma vertiginosa.

Se sabía de este gran atraco y de los muchos contribuyentes que se beneficiaron por pagar menos impuestos o de plano no pagarlos, pero ninguna autoridad se atrevió a detener este desfalco, tal vez porque, al voltear para el otro lado, obtenía pingües ganancias sin importar el creciente costo para el país.

De allí la importancia que tiene la denuncia de la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, autoridad que, por fin, actuó en consecuencia: de 2014 a la fecha se detectó el funcionamiento de 8 mil 204 empresas factureras que emitían documentos originales para amparar operaciones simuladas y evadir el fisco o lavar dinero por un billón 600 mil millones de pesos, esquema que en ese periodo permitió la evasión fiscal de 354 mil millones de pesos.

En el ámbito del gobierno federal, ¿qué se compra o a qué equivalen 354 mil millones de pesos? Por ejemplo, tres refinerías nuevas; tres aeropuertos como el proyectado en Santa Lucía; o si se prefiere, un aumento de 6 por ciento en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019; 18 por ciento más al de educación; 2 mil 700 por ciento al de cultura; 14 veces más al de Conacyt; 11.4 veces más al de medio ambiente y recursos naturales, y, en fin, tres veces más al de salud.

De ese tamaño es el agujero fiscal causado por las factureras de las que, en gobiernos anteriores, según dicen, nadie se enteró, nadie vio, pero que en la presente administración bastaron unos cuantos meses para ser identificadas, y sus fraudes documentados y denunciados.

De acuerdo con Ríos-Farjat, entre 2014 y 2018 el número de factureras creció 31 por ciento. Este mecanismo de defraudación mediante el cual se colocan en el mercado comprobantes fiscales auténticos sobre conceptos no ejercidos o montos menores, tiene implicaciones agresivas para el fisco; para el caso del IVA implica que se generen saldos a favor que se compensan contra el mismo impuesto (que no ingresa) o, peor, que se pida la devolución de un IVA inexistente. ¿Por qué se finge pagar, o por qué se pagaría por algo que no existe? Cuando el dinero no existió es por evasión fiscal, y cuando sí lo hay es por evasión fiscal y lavado de dinero.

La semana pasada, el SAT realizó un operativo en contra de 150 factureras, las más representativas de este modelo, o aquellas donde la discrepancia era muy acentuada por su reciente creación y montos facturados que ascendían a 282 mil millones de pesos desde 2017 a la fecha, provocando una posible evasión fiscal de 62 mil millones de pesos. Se presentaron 23 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (pendientes están otras cinco) en contra de empresas que han deducido, entre las cuales hay algunas que la institución identifica como desvío de recursos públicos.

Y algo que no podía faltar: el SAT denunció que dentro de este organismo se identificó a media docena de funcionarios que participaban en la creación de empresas fantasma; también se presentó una denuncia contra ex funcionarios de entidades de la Secretaría de Hacienda vinculados con estos esquemas. ¿Y la dupla Videgaray-Meade?

Las rebanadas del pastel

La mugre por todos lados, de tal suerte que “a partir de las investigaciones del SAT se acabará con el tráfico de facturas falsas, una gran transa que se permitió; el huachicoleo en las facturas causa evasión fiscal de miles de millones de pesos” (AMLO dixit).

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