Caracas. El gobierno de Venezuela desmanteló un plan militar previsto para el 23 y 24 de junio y que tenía como finalidad dar un golpe de Estado, que incluía el asesinato del mandatario Nicolás Maduro y liberar al general retirado Raúl Isaías Baduel, detenido desde 2009, y proclamarlo presidente, informó ayer el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.

Durante el 16 aniversario del movimiento social Frente Francisco Miranda, en Caracas, Maduro confirmó que se capturó uno por uno a los implicados en el complot desarticulado gracias a la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y acusó a su par de Colombia, Iván Duque, y al ex mandatario Álvaro Uribe (2002-2010) de ser los responsables de los intentos de asesinato en su contra, lo que Bogotá rechazó horas después.

Rodríguez explicó en conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores que el primer teniente Carlos Lozada Saavedra, alias Tío, fue reclutado para asaltar al parque de armas de los batallones Bolívar y Ayala, además de robar 146 fusiles resguardados en el Banco Central, para después tomar la base militar Francisco de Miranda, en La Carlota.

Posteriormente sacarían a Baduel del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y lo llevarían a las instalaciones de Venezolana de Televisión para proclamarlo presidente de la nación. Baduel fue ministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y fue condenado por corrupción a casi ocho años de prisión; recibió libertad condicional en 2015 y fue encarcelado de nuevo en 2017.

El ministro mostró un video con la confesión del teniente Lozada en la que éste asegura que el plan de golpe de Estado se ejecutaba con el respaldo de militares israelíes y estadunidenses.

El plan, expuso Rodríguez, era asesinar a Maduro, a su esposa Cilia Flores y al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Además, se pretendía secuestrar al comisario Freddy Bernal, al director del Sebin, Gustavo González López, y al ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol.

Precisó que “el grupo denominado Ulises, tenía la responsabilidad de la captura del general en jefe, Gustavo González López, director del Sebin, y prestar seguridad a Lander”, otra agrupación que actuaría en este plan y cuyo nombre usa el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente encargado el pasado 30 de abril.

Destacó que Lander tenía la función detener a Reverol, tomar la Dirección General de Contrainteligencia Militar y tumbar a Guaidó para que posteriormente Baduel se proclamara jefe del movimiento opositor en Venezuela.

Afirmó que este intento de golpe de Estado y el del pasado 30 de abril, que encabezó Guaidó, involucran a los gobiernos de Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos, estos últimos tres como promotores y financistas. Si el plan fracasaba, las naciones trasladarían a Baduel a Colombia.

Rodríguez explicó que detrás de este plan estaba el general retirado Eduardo José Baez Torrealba, quien se encuentra refugiado en República Dominicana, por lo que solicitará su captura a la Interpol.

La denuncia se produjo un día después de que el enviado estadunidense para la crisis venezolana, Elliot Abrams, anunció que el general Manuel Cristopher Figuera, ex jefe del Sebin, se encuentra en territorio estadunidense y goza de plena libertad para hablar sobre el gobierno bolivariano.

El Centro de Comunicación Nacional, que lleva la prensa de Guidó, notificó en un comunicado que un grupo civil no identificado con armas largas pretendía secuestrar a alguno de sus colaboradores en la autopista Francisco Fajardo para llevarlos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, pero el líder opositor llegó y frustró la arremetida. Los hechos ocurrieron mientras el parlamentario se trasladaba hacia la Universidad Metropolitana para participar en un foro con industriales. Guaidó ha denunciado la detención de cinco militares y dos policías venezolanos por parte de agentes de inteligencia, sin que se conozca su paradero.

En tanto, un tribunal de Estados Unidos decidirá cuál de los dos directorios, designados por Maduro o Guaidó, debe estar a cargo de la octava mayor empresa de refinación de Venezuela, Citgo Petroleum, que sufre de sanciones estadunidenses.