En abril pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) alcanzó una recaudación récord por impuesto sobre la renta (ISR). Los 204 mil 440 millones de pesos que reportó por ese concepto representan el monto máximo que hay en los registros oficiales. Sin embargo, también ingresaron mil 932 millones menos en el mismo mes de 2018 por impuesto al valor agregado (IVA).

En un contexto de desaceleración económica y compromisos con programas sociales, el gobierno federal mantiene el compromiso de no aumentar las contribuciones al menos en la primera mitad de la actual administración.

Según especialistas, la postura del gobierno de no incrementar la base impositiva es favorable para el primer tramo del gobierno, debido que esquemas de simulación, llámense factureras, outsourcing (que afectan al fisco y a trabajadores) y condonaciones fiscales a discrecionalidad, son los principales problemas para la recaudación.

A la par, también es necesario que se aceleren los procesos de bancarización para llevar al sector formal la mayor parte de la actividad económica. Y es que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre la población que trabaja seis de cada 10 lo hacen en la informalidad, sin que se detalle cuántos son obligados por sus empresas para el ahorro de impuestos.

En ese contexto, el gobierno federal dio a conocer medidas para fiscalizar en detalle a factureras –empresas que simulan comprobantes fiscales para que sus clientes evadan impuestos. Estas compañías han crecido 31 veces en los pasados cinco años.

Al respecto, Adrián García, investigador de ingresos tributarios del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, puso en perspectiva: el estimado de pérdidas, 1.5 por ciento del producto interno bruto, es prácticamente 60 por ciento del gasto en salud que hay para este año.

Frente a una propuesta de equiparar las penas de evasión con las de crimen organizado, según una iniciativa en el Senado, Roberto Colín, integrante de la comisión fiscal dos del Colegio de Contadores Públicos de México, manifestó que “ya tenemos sanciones en el Código Fiscal de la Federación para esas prácticas. Tanto por el ilícito de defraudación fiscal, incluso se equipara a un delito calificado donde la pena aumenta 50 por ciento. Las sanciones no son nuevas. La pregunta sería, si es que hay sanciones, ¿por qué el número de empresas factureras y redes que nos hablan de que no hay una aplicación efectiva de la ley?”

Al respecto, ambos coincidieron en que elevar la recaudación y hacer frente a los gastos adquiridos por el gobierno no necesariamente implica como primer paso elevar la tasa impositiva (actualmente en un máximo de 35 por ciento para el ISR y 16 para el IVA), sino eliminar la simulación y dotar de sistemas de tecnología al SAT para agilizar los procesos. Posteriormente, analizar los cargos adicionales que se puedan hacer como impuestos al capital y a empresas tecnológicas.